Tutelas 9/04/2025

En el ámbito de la salud, la acción de tutela se utiliza comúnmente para exigir la prestación de un servicio médico que ha sido negado por una EPS, IPS u otra entidad del sistema de salud. Durante 2024, se ha evidenciado un aumento significativo en el uso de este mecanismo legal, tanto en el número de tutelas interpuestas como en las concedidas en los distintos departamentos de Colombia.

Los datos emitidos por la Corte Constitucional muestran un comportamiento variable en la radicación de tutelas a lo largo de los años. En 2020, se registró una caída significativa, seguida de una recuperación progresiva desde 2021 y un crecimiento sostenido en 2023 y 2024. Este incremento sugiere una mayor demanda de este recurso legal, posiblemente debido a deficiencias en la prestación de servicios de salud y la vulneración de otros derechos fundamentales (ver gráfico 11).

Para 2024, el número total de tutelas presentó un incremento del 34% en comparación con el año anterior. Sin embargo, al analizar el comportamiento mensual, se observan aumentos aún más pronunciados, como el registrado en abril de 2024, cuando las tutelas radicadas crecieron en un 135% con respecto al mismo mes de 2023.

El análisis de la información revela que, en promedio, el 63% de las tutelas interpuestas en cada departamento fueron concedidas, lo que sugiere que una gran parte de las solicitudes judicializadas tienen fundamentos sólidos en términos de acceso y derecho a la salud.

La elevada cantidad de tutelas en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá (ver gráfico 12) podría estar relacionada con deficiencias en la cobertura de servicios, demoras en la atención, negativas por parte de las EPS o mayor conocimiento del mecanismo de tutela como herramienta para exigir los derechos en salud. Antioquia lidera la lista con 84.398 tutelas interpuestas, consolidándose como el departamento con la mayor carga de acciones judiciales en salud, seguido por Valle del Cauca (44.727), Bogotá (37.136) y Norte de Santander (29.411), lo que evidencia problemáticas significativas en la prestación de servicios de salud en estas regiones.

En contraste, departamentos con menor población, como Vaupés, Guainía y Guaviare, registran cifras más bajas. Sin embargo, esto no necesariamente indica la ausencia de problemas en la prestación del servicio de salud; por el contrario, puede estar relacionado con el tamaño reducido de la población, dificultades en el acceso a la justicia y limitaciones en los servicios de salud. Esto plantea interrogantes importantes, como el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos y deberes, así como la eficiencia del acceso al sistema judicial en estos territorios, caracterizados por su alta ruralidad.

Al analizar la información de tutelas en 2024, se observa que la principal causa de interposición es la práctica oportuna de procedimientos médicos (ver tabla 1), lo que evidencia dificultades en la programación y realización de procedimientos esenciales.  Le sigue la entrega oportuna de medicamentos o insumos, reflejando demoras en la distribución de tratamientos. En tercer lugar, se encuentra la asignación de citas médicas, lo que sugiere barreras en el acceso y la oportunidad en la atención primaria y especializada.

En cuanto a problemas logísticos y administrativos, destacan la falta de transporte y viáticos para recibir atención en salud (12,65%), las dificultades en afiliaciones y retiros (2,60%), el cambio de EPS o IPS (0,71%) y la exoneración de copagos o cuotas moderadoras (0,83%), lo que refleja obstáculos en la continuidad y accesibilidad de los servicios de salud.

El alto porcentaje de tutelas en aspectos esenciales como procedimientos médicos, entrega de medicamentos y citas médicas pone en evidencia fallas estructurales en la prestación del servicio de salud. Además, las dificultades en transporte y trámites administrativos afectan el acceso oportuno de los pacientes. Estos datos subrayan la urgencia de mejorar la eficiencia del sistema de salud, garantizar la disponibilidad de medicamentos y optimizar la gestión de citas y procedimientos, con el fin de reducir la judicialización como vía para acceder a la atención médica.