La vela que se apaga
Augusto Galán Sarmiento. MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El sistema de salud colombiano no colapsará de manera estruendosa. A pesar de que es la pregunta reiterada; no hay un día exacto, ni una fecha fatídica, tampoco un anuncio oficial que declare su quiebra. Lo que ocurre es más grave y cruel; se apaga lentamente, en silencio, mientras cientos de miles de personas (tal vez millones) esperan una cita, un medicamento, una cirugía o una respuesta. Mientras miles de trabajadores de la salud ven que se postergan sus ingresos y escasean los recursos para asegurarles un ejercicio digno de su profesión con su vocación de servicio. Así arranca el 2026.
Los datos son elocuentes y difíciles de refutar. El déficit patrimonial del sistema al finalizar el 2025 puede superar los -15,8 billones de pesos, con pérdidas operacionales que exceden los 7,3 billones y una siniestralidad que rebasa el 108%, lo que confirma una verdad elemental que ha sido reiterada por diversos agentes y desconocida por el gobierno nacional. Los ingresos no alcanzan para cubrir los costos reales de la atención. No es una percepción, ni una idea. Es solo contabilidad.
A este deterioro estructural se suma un hecho que lo agrava. Lo que ocurre en las EPS intervenidas se ha convertido en un verdadero agujero negro, donde se concentran deudas, se diluye la responsabilidad y se pierde la trazabilidad de los recursos, sin que el Estado logre demostrar capacidad efectiva de administración. La ausencia de información completa y oportuna, mayor en la Nueva EPS responsable de cerca del 22% de la población afiliada, es muy grave. Un sistema de salud sin información transparente es un paciente crítico sin monitoreo. Si se actúa a ciegas se desconoce la magnitud real del daño.
La Nueva EPS es hoy la metáfora más inquietante de esta crisis. Un castillo aparentemente sólido por fuera, pero carcomido adentro por la improvisación, la ineficiencia y la mala gestión. Su deterioro no solo afecta a millones de afiliados; pone en evidencia la fragilidad del supuesto según el cual el Estado, tal como está actuando, puede reemplazar sin preparación ni capacidad técnica la complejidad de la gestión del aseguramiento en salud.
El problema no es nuevo y ha sido advertido de manera reiterada no sólo por la sociedad civil y los agentes del sistema de salud. La Corte Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han coincidido en un diagnóstico común; el sistema está estructuralmente desfinanciado, principalmente por fallas persistentes en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el incumplimiento de la metodología actuarial y el desacato a órdenes judiciales claras y reiteradas. Ignorar estas advertencias es una acción indigna y una irresponsabilidad institucional.
Lejos de corregir el rumbo, el Gobierno ha optado por decisiones unilaterales, ideológicamente rígidas y técnicamente erráticas. Actualizó la UPC sin técnica ni rigor metodológico. El incremento del salario mínimo para 2026, sin incorporación adecuada en la UPC, genera un sobrecosto estimado en 4,5 billones de pesos para el sector salud, lo que profundiza la brecha entre ingresos y gastos. A ello se suma un arranque presupuestal que nuevamente desconcierta; el Presupuesto Máximo inicia el año 2026 con apenas 1 billón de pesos, cuando en 2025 se requirieron más de 4 billones para atender a las personas con enfermedades huérfanas y de más alto costo. Esto se suma a deudas acumuladas del Estado que afectan directamente la liquidez y la continuidad de los servicios.
Las consecuencias ya están a la vista y las padecen los ciudadanos. Más de dos millones de PQRS y cerca de 320 mil tutelas en salud proyectadas al cierre de 2025 no son cifras abstractas, son personas angustiadas, familias desesperadas y pacientes que sienten que el sistema les da la espalda. El derecho fundamental a la salud se va convirtiendo en un eufemismo cuando se deja de garantizar en la práctica.
Frente a este panorama, la pregunta ciudadana es legítima y urgente: ¿qué va a pasar? ¿qué podemos hacer?
La respuesta no es sencilla, pero sí clara.
Si el Gobierno persiste en no escuchar, en cerrar el diálogo técnico y en gobernar el sistema desde la imposición ideológica; el deterioro continuará, las barreras de acceso se profundizarán y la confianza social seguirá erosionándose. No hay milagros administrativos ni atajos políticos frente a una crisis financiera de esta magnitud.
Por eso no dejaremos de insistir en el camino posible. Exige humildad de los funcionarios, apertura al diálogo y retorno a la evidencia. Implica corregir de manera inmediata la suficiencia de la UPC, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, transparentar la información financiera -especialmente de las EPS intervenidas- y fortalecer la rectoría técnica del Ministerio de Salud en lugar de debilitarla.
La indolencia se paga con sufrimiento y vidas. El sistema de salud colombiano no necesita consignas. Requiere seriedad, técnica y responsabilidad democrática. La sociedad espera respuestas. El tiempo para darlas se sigue agotando.