Editorial: Tragedias que desnudan

Augusto Galán Sarmiento. MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

El accidente del avión de la Fuerza Aérea en Puerto Leguizamo nos sacude; nos duele y nos confronta. No solo por la pérdida de vidas humanas -que siempre será irreparable-, sino porque desnuda, una vez más, la fragilidad estructural en la que viven millones de colombianos lejos de los centros de decisión. Ocurre en un municipio rural disperso, de sexta categoría, con más de 35 mil habitantes, al que se llega solo por río o por aire y en donde la noción misma de “acceso” adquiere otro significado.

Una tragedia de esta magnitud es compleja de atender incluso en ciudades con alta capacidad resolutiva. Pero cuando ocurre en territorios como Puerto Leguizamo, la pregunta ya no es solo por la respuesta inmediata, sino por las condiciones cotidianas de vida: ¿cómo se enferma una persona allí?, ¿cómo accede a un servicio de urgencias?, ¿qué ocurre con un parto complicado, con un infarto, con un trauma severo?

La respuesta empieza por una realidad incómoda; la disponibilidad de talento humano en salud es dramáticamente limitada. En el caso de Puerto Leguizamo, la densidad de médicos y enfermeras difícilmente supera los 10 profesionales por cada 10.000 habitantes, muy por debajo de estándares internacionales y de las grandes ciudades del país, donde esa cifra puede cuadruplicarse. Su cobertura de acueducto y alcantarillado es de 31 y 21 por ciento. Con un IRCA de muy alto riesgo para consumir sus habitantes el agua que poseen. No hay electricidad y la luz la generan plantas diesel. En fin, tienen unas condiciones de vida muy bajas.

Hace apenas unos años, durante la pandemia, el país asistió con horror a la tragedia de Tasajera. Las imágenes quedaron grabadas: pobreza, exclusión, ausencia de oportunidades, vidas al borde de la subsistencia que, ante la precariedad, terminan enfrentando riesgos extremos. Una escena que no fue otro accidente aislado, sino la expresión de un prolongado abandono.

Tasajera está a menos de una hora de grandes capitales. Puerto Leguizamo, en cambio, se encuentra geográfica y simbólicamente más lejos. Pero ambos comparten algo esencial: la precariedad de la protección social. Es allí donde debemos detenernos.

Porque este gobierno ha anunciado, en los últimos años, con bombos y platillos, inversiones significativas para los municipios rurales. Se ha hablado de 8,5 billones de pesos -desviados del aseguramiento en salud- destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria, fortalecer centros de salud, cerrar brechas de acceso y dignificar la prestación de servicios en esos territorios.

La pregunta es inevitable; ¿qué ha pasado con esos recursos?

¿Existe una estrategia clara, estructurada, con metas verificables y cronogramas definidos?
¿Se han priorizado los territorios de mayor población y vulnerabilidad o se ha fragmentado la inversión en múltiples intervenciones de bajo impacto?

¿Se ha articulado esa inversión con talento humano en salud, con sistemas de transporte asistencial, con redes integradas de servicios?

¿O seguimos pensando que construir infraestructura, por sí sola, resuelve el problema?

Más aún; ¿ha habido rendición de cuentas?

En un país que exige -con razón- transparencia en cada peso público, resulta legítimo preguntar,

¿sabemos los colombianos dónde se han ejecutado esos recursos?,

¿qué hospitales se han fortalecido?,

¿qué centros de salud hoy tienen capacidad resolutiva real?,

¿qué indicadores han mejorado como resultado de esa inversión?

Porque no se trata de cifras agregadas ni de anuncios. Lo ocurrido en Puerto Leguizamo no puede leerse como un hecho aislado. Un recordatorio de que, a pesar de la promesa de cambio, la geografía sigue siendo en Colombia un determinante de inequidad. De que el lugar donde se nace o se vive define -en demasiados casos- la probabilidad de enfermar, de ser atendido o de sobrevivir.

También es un llamado a revisar la coherencia de nuestra política pública.

Porque la protección social no es un conjunto de programas dispersos. Debe ser un sistema. El bienestar de las personas requiere articular salud, educación, agua potable, saneamiento, nutrición, ingresos, conectividad y cuidado. Debe reconocer las particularidades de la ruralidad dispersa, donde los modelos urbanos no funcionan.

No basta con trasladar recursos, mucho menos pensar que todo lo hace un hospital. Se requiere diseñar soluciones integrales, enfoque transectorial, modelos extramurales, telemedicina efectiva, redes de transporte, incentivos para el talento humano, integración con las comunidades.

Y, sobre todo, se requiere presencia del Estado. Completa y permanente. No episódica, ni reactiva, ni mediada por la tragedia y mucho menos por la politiquería.

Colombia no puede seguir descubriendo sus brechas cada vez que ocurre un desastre. No puede seguir conmoviéndose unos días para luego volver a la indiferencia. Tasajera lo mostró. Puerto Leguizamo nos lo recuerda.

Las tragedias develan la realidad.

Por eso, más allá del dolor -que es legítimo y necesario-, este momento exige preguntas incómodas. Exige seguimiento. Exige control social. Exige que los recursos públicos tengan rostro, territorio y resultados. Y sobre todo, exige respuestas.