Editorial: sin justicia, todo se judicializa
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Hay veces en que el lenguaje judicial dice lo que la política calla; o lo que prefiere enredar. El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordena a las entidades nacionales garantizar el pago inmediato a las IPS para evitar el colapso del sistema de salud en Medellín, es más que una medida cautelar: es una advertencia con toga y argumentos, que desnuda la inminencia del daño y la urgencia de su contención.
No se trata de una interpretación forzada. La providencia, firmada por el magistrado Jaiver Camargo Arteaga, es clara en sus términos. Las pruebas aportadas por el Distrito de Medellín -carteras impagadas, servicios suspendidos, alertas hospitalarias, comunicados de proveedores y cifras de insolvencia- no dejaron lugar a dudas. La salud en la ciudad está en cuidados intensivos, no como metáfora, sino como realidad concreta: sin anestesia, sin turnos completos, sin medicamentos.
El tribunal ordenó, entonces, lo que el sentido común y el orden jurídico ya exigían: que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Supersalud actúen en un plazo perentorio para sanear la cartera y restablecer el flujo financiero hacia hospitales y clínicas. Porque sin recursos no hay atención y sin atención no hay derecho. Tuvo que intervenir un juez para recordar lo que debió ser política pública, planificación fiscal y cumplimiento constitucional.
Este pronunciamiento se suma al Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, en el que se insistió en la obligación del Ejecutivo nacional de calcular y ajustar con rigor los recursos del sistema de salud, garantizar la financiación de la UPC y respetar el marco normativo que protege la vida y la salud como derechos fundamentales. La Corte no ha hablado en abstracto: lo ha hecho desde la evidencia de un deterioro progresivo que ya ha dejado angustias cotidianas, colapsos operativos, muertes evitables.
Lo que estos dos pronunciamientos revelan -tribunal y Corte- es una realidad que ya no puede seguir siendo negada: la desfinanciación del sistema de salud no es solo un efecto colateral. Es el resultado de decisiones deliberadas. De una estrategia que, bajo el pretexto de la transición hacia un nuevo modelo, ha optado por asfixiar el vigente. No se desmontó el sistema para reemplazarlo; se dejó morir de inanición.
El expresidente César Gaviria, en un comunicado divulgado por su partido, fue categórico: “La culpa sobre su demolición deliberada y la crisis en el sistema es del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo”. No es una acusación ligera. Gaviria no solo señala el deterioro general del sistema, sino que lo respalda con cifras verificables, advertencias reiteradas y fallos judiciales incumplidos en los últimos dos años. La siniestralidad del sistema en 2024 alcanzó el 110%. Las EPS adeudan 2,8 billones de pesos a operadores farmacéuticos. Cerca del 60% de la población está hoy afiliada a EPS intervenidas, muchas de ellas en condición crítica con un patrimonio negativo de más de -$10 billones de pesos. Sin embargo, no hay plan de contingencia. Ni voluntad política para corregir.
La sentencia de la Corte en el caso de la EPS Sanitas -que ordena devolver su administración tras una intervención arbitraria- y la amenaza de su desacato, son prueba de una arrogancia institucional que parece autoritarismo. Un Gobierno Nacional que desobedece a sus propios jueces ya no está en crisis; está en riesgo de extravío.
Aquí no hay espacio para ambigüedades. El deterioro no es atribuible ya a las fallas históricas del sistema. Lo que estamos viendo es el resultado de una estrategia: no pagar, no ajustar, no dialogar. Declarar a las EPS en cuidados intensivos, como lo admitió con desvergüenza el propio ministro -mientras se promueve una reforma sin respaldo técnico ni financiero- es una forma de demolición política encubierta bajo el discurso de la transformación.
Hoy el sistema de salud colombiano vive su momento más crítico desde la creación de la Ley 100. No solo por su insolvencia, sino por el desconcierto normativo, la improvisación administrativa y la sistemática desatención de los fallos judiciales. Y eso tiene -y debe tener- consecuencias.
El Gobierno no puede jugar al colapso inducido sin asumir responsabilidades. Las advertencias están dadas, los efectos son evidentes y los responsables tienen nombre. No se trata de debatir modelos en abstracto; se trata de proteger vidas en concreto. Cuando se interrumpe el suministro de medicamentos, cuando se cierran servicios de urgencias, cuando un paciente muere por falta de atención, ya no hablamos de política pública. Hablamos de omisión dolosa. De negligencia institucional.
Por eso el llamado de partidos políticos a que la Fiscalía investigue posibles responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales no es una reacción partidista. Es una exigencia democrática. No puede haber impunidad institucional cuando los derechos fundamentales se violan de forma tan flagrante y sostenida. No puede haber silencio judicial ante el desacato sistemático del Ejecutivo.
El fallo del Tribunal de Antioquia y el Auto de la Corte mantienen abierta una puerta. La puerta del control judicial, de la exigencia constitucional, de la acción ciudadana. Ya no basta con advertencias. Es tiempo de consecuencias. Porque la desfinanciación de la salud no es solo una falla técnica: es un acto de irresponsabilidad política que debe ser detenido. Antes de que lo poco que queda colapse sin remedio.