Editorial: Otras verdades a medias

Augusto Galán Sarmiento. MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

En los últimos días, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha divulgado documentos y boletines en los que sostiene que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 es suficiente, incluso generosa, porque el valor que finalmente se reconoce a las EPS supera ampliamente el valor base fijado en la resolución expedida por el Ministerio de Salud. El mensaje que sugiere es claro; hay recursos, el sistema está financiado, las dificultades obedecen a otros factores.

Como suele ocurrir en las discusiones públicas sobre salud, el debate no es sólo de números, sino sobre lo que se hace con ellos.

Conviene decirlo desde el inicio; las cifras que presenta la ADRES son reales. Es cierto que la UPC no se paga como un promedio plano, sino que se ajusta por edad, sexo, zona geográfica y otras variables de riesgo. También es cierto que, una vez aplicados esos ponderadores, el valor promedio reconocido por afiliado termina siendo mayor que la UPC base anunciada en la resolución. Eso ha ocurrido siempre y es parte del diseño del sistema.

Pero de ese hecho no se deduce, como se sugiere en los documentos oficiales, que el sistema esté adecuadamente financiado. Ahí está el salto que distorsiona el debate.

La UPC base no representa el costo real de atender a la población. Es apenas un valor promedio. Que el pago final ajustado por riesgo sea mayor que ese promedio no es una prueba de suficiencia financiera; es simplemente la consecuencia natural de reconocer que no todos los afiliados cuestan lo mismo. Si no fuera así, el ajuste por riesgo carecería de sentido.

La verdadera pregunta, la única que importa cuando se habla del derecho a la salud, es otra: ¿alcanza lo que se reconoce para cubrir lo que realmente cuesta atender a las personas? Esa pregunta no se responde comparando la UPC “real” con la UPC base, sino contrastando los recursos reconocidos con el gasto efectivo y esperado del sistema, considerando el envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas, la inflación sanitaria, la incorporación de nuevas tecnologías, la judicialización y los rezagos históricos de financiación.

Esa comparación esencial no aparece en los documentos de la ADRES.

En su lugar, se ofrece una narrativa construida a partir de promedios nacionales, cuadros comparativos y proyecciones que, aunque correctas en la forma, ocultan la heterogeneidad del riesgo y la realidad cotidiana de las EPS, las IPS y, sobre todo, de los pacientes. El sistema no opera en el promedio. Opera en los extremos. En las personas mayores con múltiples enfermedades, en los pacientes de alto costo, en los territorios con mayores barreras de acceso y en las poblaciones más vulnerables.

A ello se suma otro elemento problemático: la tendencia a sumar recursos de naturaleza distinta -UPC, Presupuesto Máximo y promoción y prevención- y presentarlos como si constituyeran una sola bolsa disponible y suficiente para garantizar el costo médico. Esa suma es engañosa. Con Presupuesto Máximo se cubren servicios y tecnologías que no están en la UPC y responden a una lógica diferente; los recursos de promoción y prevención no sustituyen el gasto en atención curativa ni hospitalaria. Mezclarlos produce una imagen inflada de la capacidad real del sistema para responder a las necesidades de salud.

Tampoco se aborda un aspecto crucial: la oportunidad y suficiencia de los giros. Reconocer recursos en el papel no es lo mismo que garantizar flujo de caja oportuno y estable. La experiencia reciente muestra que los retrasos, los ajustes posteriores y las incertidumbres financieras terminan traduciéndose en deterioro de la red prestadora, barreras de acceso y angustia para los usuarios.

Por eso, cuando el Gobierno afirma que estos documentos “desmienten” la existencia de un problema de financiación, ofrece a la opinión pública una verdad incompleta. No se miente sobre las cifras, pero se omite sobre la realidad del costo. Y en política pública, especialmente en salud, las omisiones pueden ser tan dañinas como las falsedades.

La Corte Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría y múltiples análisis independientes han advertido sobre una desfinanciación estructural del sistema. Ninguno de esos diagnósticos se refuta mostrando que la UPC ajustada es mayor que la UPC base. Para hacerlo, sería necesario abrir los datos, explicar la metodología actuarial completa y demostrar, con evidencia, que los recursos reconocidos cubren efectivamente el costo real de garantizar el derecho a la salud.

El debate sobre la UPC 2026 no es sólo técnico, es profundamente ético en el fondo. Se trata de decidir si el país quiere discutir su sistema de salud con transparencia y rigor, o si prefiere refugiarse en cifras parciales que tranquilizan a algunos, pero no resuelven la crisis que viven millones de colombianos.