Editorial: Nueva EPS: la cortina de humo y el precipicio
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
La Contraloría General de la Nación puso en blanco y negro lo que ya era evidente para usuarios, pacientes, clínicas, hospitales y analistas: la Nueva EPS la convirtieron en un naufragio operativo y financiero. Sus pérdidas son de tal magnitud que el déficit mensual asciende a centenares de miles de millones de pesos. Sus reportes contables son tardíos, opacos o no aparecen. Su capacidad de atender con oportunidad y calidad a millones de afiliados se desvanece día tras día.
La intervención del gobierno actual, que en su momento la anunciaron como solución, se ha convertido en una trampa: no resolvió sus problemas; simplemente los profundizó. De acuerdo con el informe, lejos de estabilizarse, la Nueva EPS se deterioró con mayor rapidez tras la acción del gobierno. Se disparó la deuda, se profundizó el déficit patrimonial, crecieron los anticipos y se mantuvo una alta proporción de glosas y fallos judiciales sin cumplir, configurando un escenario de inviabilidad financiera y operativa.
Frente a esa realidad, el presidente de la República y sus funcionarios han recurrido a un recurso ya conocido de su estilo: levantar cortinas de humo y tergiversar los datos. En su narrativa, en lugar de asumir la responsabilidad por el descalabro con la intervención de la Nueva EPS, han buscado culpar a las administraciones previas y han presentado la crisis como un problema heredado, sin reconocer que el deterioro se ha acelerado y profundizado bajo su gobierno, al ritmo de decisiones erráticas y de una política de salud más ideológica que técnica.
La magnitud de la crisis que hoy afronta la Nueva EPS tiene un carácter sistémico. No se trata solo de los estados financieros de una entidad, sino de la sostenibilidad del aseguramiento en salud para cerca de doce millones de colombianos, además del impacto que su colapso tendría sobre la red de hospitales, clínicas, laboratorios y profesionales que dependen de su flujo de recursos. La intervención de la Nueva EPS no solo ha demostrado los límites del Estado para administrar directamente esas entidades, sino que ha puesto en riesgo la confianza de los usuarios y ha debilitado la legitimidad del sistema.
Se intuye que el gobierno estaría vislumbrando dos caminos posibles a seguir; ambos con graves efectos negativos. El primero, liquidar la Nueva EPS. No parecería que fuera el escogido, por la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) de abrir la puerta para que las cajas de compensación copropietarias puedan vender total o parcialmente su participación. Sin embargo, de avanzar por esa ruta, significaría desintegrar una red que cubre prácticamente el país, fragmentar la atención de millones de afiliados y desatar un reacomodo caótico hacia otras aseguradoras que ya de por sí están cong problemas financieros y regulatorios. La liquidación sería un golpe demoledor para la continuidad del servicio: pacientes crónicos y de alto costo quedarían atrapados en traslados administrativos interminables, los prestadores verían aumentar las deudas impagadas y el Estado tendría que asumir pasivos billonarios que hoy no sabe cómo cubrir.
El segundo camino, que parecería ser el escogido precisamente por esa resolución de la SNS, es el de adquirir acciones y quedarse como propietario mayoritario de la Nueva EPS. Con ello, el gobierno nacional no solo tendría bajo su control la aseguradora más grande del país, sino que podría pensar en ampliarla absorbiendo afiliados provenientes de otras EPS intervenidas que pensaría liquidar. Un gran reto es si la puede capitalizar. El resultado sería un asegurador gigantesco administrado por el Estado, construido sobre bases frágiles, sin experiencia en gestión integral del riesgo y con la tentación de utilizar recursos públicos en plena campaña electoral. Esta salida, lejos de resolver el problema, lo agrandaría: centralizaría la crisis, multiplicaría las ineficiencias y generaría una carga fiscal insostenible.
En cualquiera de los dos escenarios, los grandes perjudicados serán los usuarios y pacientes. Si se liquida la Nueva EPS, perderán por el desorden en el acceso, la discontinuidad en sus tratamientos y la incertidumbre sobre cuál entidad los atendería. Y si el gobierno se convierte en su propietario mayoritario y decide expandirla, perderán por la precariedad de un modelo estatal que ya ha mostrado su incapacidad para administrar la prestación de servicios de manera eficiente, transparente y sostenible. En ambos casos: más demoras, menos acceso, mayor deterioro en la calidad de la atención y un aumento en la desconfianza de la población hacia el sistema.
La crisis actual de la Nueva EPS no es un hecho aislado ni un episodio accidental. Es el resultado de una política de improvisaciones, de una desfinanciación deliberada del sistema y de una voluntad errada del gobierno nacional que se niega a reconocer los límites de su intervención y que insiste en manipular el discurso para encubrir sus errores e intenciones.
La historia juzgará estas decisiones no solo por los discursos presidenciales o por las resoluciones expedidas sino, mucho más, por el sufrimiento de los ciudadanos que, en el momento de mayor vulnerabilidad, ven como juegan con su atención. Esa es la verdadera medida del fracaso.