Editorial: La verdad que se insiste en negar

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

En esta semana que terminó, desde la prestación de servicios de salud, la verdad irrumpe sin rodeos. Eso ocurrió con las declaraciones de la secretaria de Salud del Valle, quien describió, con una franqueza que pocas veces se escucha desde una autoridad territorial, el deterioro creciente de la atención en salud: “los pacientes de cáncer no tienen quién los atienda;” “los niños con hemofilia están sangrando porque no hay medicamentos;” “los tratamientos oncológicos -pediátricos y de adultos- están suspendidos;” “1.501 pacientes con enfermedades huérfanas murieron entre enero y agosto por falta de medicación.”

También dijo que en Cali, donde se concentra la alta complejidad de la región, están recibiendo pacientes de Cauca, Nariño, Putumayo, Casanare y otros departamentos “cuando ya no hay nada para hacer”, y que incluso pacientes trasplantados están perdiendo sus órganos porque han dejado de recibir los medicamentos esenciales. La historia de la niña del Plateado, en el Cauca, a punto de perder el riñón que su hermana le donó porque lleva dos meses sin tratamiento, ilustra un drama que se repite en demasiados hogares del país.

Este testimonio no es un episodio aislado ni una apreciación subjetiva. Los documentos publicados recientemente -el análisis de Así Vamos en Salud con la evaluación técnica del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) y la carta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC)- ofrecen el contexto que confirma y explica lo que hoy se vive en el Valle y en muchas otras regiones.

El país tiene 281 hospitales públicos en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero -el 34% del total-. Una cifra que aumentó 47,9% en un solo año y 165% desde 2019. Más de la mitad de esas instituciones está ubicada en zonas rurales y dispersas, donde la fragilidad del sistema se convierte en una amenaza cotidiana para quienes más dependen de él.

La cartera que las EPS deben a los hospitales públicos asciende a $14,9 billones; y más de la mitad está vencida a más de 360 días. Son deudas que no solo representan números; son tratamientos suspendidos, insumos que no llegan, medicamentos que no se compran. Las EPS bajo intervención de la Supersalud concentran el 80% de la deuda del régimen contributivo y subsidiado y la Nueva EPS es responsable por el 32% del total adeudado al cierre de 2024.

La secretaria del Valle habló de $4 billones de deuda acumulada con prestadores en su departamento, una cifra que ya no les permite -literalmente- comprar medicamentos ni adquirir los insumos mínimos. Las barreras de acceso por falta de contratación y pago están produciendo “gravísimas complicaciones de enfermedades previas y muerte”. No es una exageración; está ocurriendo hoy.

De acuerdo con el análisis del SIHO, excluyendo cuentas por cobrar y pagar, las IPS públicas registraron un déficit de $2,1 billones en 2023, y aun incluyendo esos rubros, el faltante fue de $905 mil millones, más del doble que en 2022. De manera consistente, las cifras demuestran que el recaudo no alcanza para cubrir los compromisos, y que los reconocimientos -aunque existan- no se materializan en flujos efectivos que permitan operar.

La ACHC, en su comunicación al ministro el 26 de noviembre, fue igual de clara: el cierre de servicios no es una decisión voluntaria ni una estrategia empresarial, sino la consecuencia inevitable de no contar con los recursos necesarios para garantizar atención segura y de calidad. “No se puede atender -dicen- cuando no es posible responder satisfactoriamente a la población”.

En este contexto, las declaraciones de la secretaria de salud del Valle adquieren un valor moral adicional: “No es la ADRES la solución; la solución es dinero, ordenado por Presidencia, por los ministerios de Salud y de Hacienda”. Es la expresión directa de lo que han mostrado los documentos técnicos y lo que ordenó la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025: garantizar la financiación suficiente del sistema para asegurar su operación. Esa orden sigue sin cumplirse.

Hace tres años se dijo, y aun se repite, que la salud debía ser un derecho y no un negocio. Hoy, sin embargo, los hospitales -públicos y privados- sostienen la atención con recursos que no llegan, mientras miles de pacientes recorren largas distancias buscando servicios que ya no se prestan en sus territorios. El sistema se encuentra en una fase de iliquidez que amenaza su razón de ser: proteger la vida.

Volver a lo esencial implica reconocer sin maquillajes que la crisis en la prestación de servicios no proviene de caprichos de las entidades, sino de una insuficiencia grave y creciente de financiación propiciada por un gobierno indolente. La vida de los colombianos depende de que se actúe ya, con responsabilidad y sin dilaciones. Porque para muchos pacientes —como la niña del Plateado— el tiempo ya se agotó.