Editorial: la salud o el alma de la Nación

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

La salud dejó un debate sobre hospitales, medicamentos, EPS, presupuestos o modelos de atención. Poco a poco, casi sin advertirlo, se ha convertido en uno de los grandes escenarios donde Colombia está discutiendo algo mucho más profundo; el tipo de sociedad que quiere ser. También, si conserva la capacidad de construir acuerdos colectivos en medio de la polarización.

Confluyen varias de las tensiones centrales del país. La discusión sobre el rol del Estado y del sector privado. La sostenibilidad fiscal. La legitimidad institucional. La capacidad técnica del Estado. La gobernanza pública. La confianza social. Incluso la relación entre ideología y realidad.

Lo que ocurra con la salud será un punto de inflexión nacional.

Pocas instituciones penetran tanto la vida íntima de las personas como el sistema de salud. La enfermedad de un hijo. El diagnóstico de cáncer de un familiar. La cirugía urgente en la madrugada. El medicamento esperado durante meses. El envejecimiento de los padres. El temor frente a una discapacidad. La salud nos acompaña precisamente en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Por eso, cuando un sistema de salud entra en crisis, no se deteriora solamente un servicio público. Se afecta la confianza básica de la sociedad en el Estado y en la capacidad colectiva de proteger la vida humana con dignidad.

Durante más de tres décadas, el sistema colombiano -con sus distorsiones y problemas- construyó algo que no puede desconocerse: una experiencia concreta de ciudadanía social. Millones de personas sintieron, quizá por primera vez, que existía un derecho real al cual podían acudir. Colombia amplió cobertura y acceso, desarrolló redes hospitalarias, incorporó tecnologías complejas y avanzó en capacidades científicas y médicas que décadas atrás parecían inalcanzables.

No ignoramos las fallas. Fragmentación, integración inadecuada de intereses, inequidades territoriales, debilidades regulatorias, corrupción y crecientes tensiones financieras. Pero también sería un error histórico desconocer las capacidades institucionales y humanas construidas durante años.

El problema es que la búsqueda de soluciones se simplificó en una lógica de confrontación política que evade una realidad extraordinariamente compleja.

La salud terminó convertida en la disputa entre dos visiones de país. Una que privilegia una conducción estatal mucho más centralizada y que considera que la intermediación privada desnaturalizó el derecho fundamental a la salud. Otra que, aun reconociendo errores, considera indispensable preservar esquemas mixtos de aseguramiento, articulación público-privada y gestión técnica del riesgo.

Ambas visiones contienen elementos legítimos. Pero el debate público se ha caricaturizado. Unos reducen toda participación privada a la idea del “negocio de la enfermedad”. Otros presentan cualquier fortalecimiento estatal como el preludio inevitable del colapso institucional. Mientras tanto, la incertidumbre se expande entre pacientes, profesionales, hospitales, clínicas, inversionistas y trabajadores del sector.

Los sistemas de salud funcionan sobre expectativas de estabilidad. Confianza de los pacientes en que recibirán atención. De los médicos en que podrán ejercer adecuadamente su profesión. De hospitales y clínicas en que habrá pagos oportunos. De trabajadores en que existirá continuidad laboral. De inversionistas en que las reglas no cambiarán abruptamente. Cuando esa confianza se erosiona, la crisis deja de ser solamente financiera y comienza a transformarse en una crisis sistémica de gobernabilidad.

La técnica se sacrifica en nombre de la polarización.

La salud es probablemente uno de los sistemas más complejos que administra una sociedad moderna. Requiere coordinar epidemiología, logística, talento humano, innovación farmacéutica, sistemas de información, redes hospitalarias y sostenibilidad financiera. Destruir capacidades institucionales es relativamente fácil; reconstruirlas toma décadas.

Colombia expandió derechos, cobertura y acceso en una magnitud extraordinaria. Pero lo hizo en medio de una transición demográfica acelerada, del crecimiento de enfermedades crónicas y de tecnologías médicas cada vez más costosas. La tensión es inevitable; la sociedad demanda más protección y mejores tratamientos mientras enfrentamos restricciones fiscales crecientes.

Esa discusión atraviesa hoy prácticamente a todos los sistemas de salud del mundo. Pero en Colombia coincide con una polarización política e institucional que dificulta los consensos mínimos necesarios para enfrentar reformas estructurales de largo plazo.

Y precisamente allí puede estar el verdadero punto de inflexión.

La salud podría convertirse en uno de los pocos temas capaces de unir nuevamente al país alrededor de acuerdos básicos. Porque más allá de las diferencias ideológicas, prácticamente todos los ciudadanos comparten un temor común: perder la posibilidad de acceder oportunamente a una atención digna cuando la vida o la enfermedad lo exijan.

Si Colombia logra preservar las capacidades construidas, corregir los errores acumulados y construir consensos mínimos sobre gobernanza, sostenibilidad y protección efectiva del derecho a la salud, el sistema podría convertirse en un factor de reunificación institucional y social. Pero si prevalece la lógica de la confrontación total, el deterioro progresivo de la salud puede transformarse en un poderoso factor de deslegitimación del Estado y de profundización de la fractura nacional.

Pocas cosas definen tanto la percepción ciudadana sobre una sociedad como la manera en que cuida a sus seres humanos en los momentos de mayor fragilidad. Quizá por eso, aunque muchos todavía no lo adviertan plenamente, la discusión sobre la salud terminó convirtiéndose en una discusión sobre el futuro mismo de Colombia.