Editorial: La desinformación como método

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

El país asiste otra vez a una escena que para el sector salud no es extraña. El gobierno nacional difunde informes incompletos, sin contexto técnico, ni rigurosidad metodológica. Los periodistas cuestionan por declaraciones altisonantes que provienen de diferentes funcionarios, pero también lo hacen por documentos que estos presentan como revelaciones cuando, en realidad, son piezas parciales, desprovistas del ciclo completo de validación que exige la información del sistema de salud. Así, la desinformación cambia de forma, pero no de propósito: instalar una narrativa que justifique decisiones unilaterales, alejadas del diálogo y de la evidencia.

Nuevamente utilizan como instrumento escogido un informe de la ADRES el cual cruza registros preliminares de la base de datos de prestación de servicios y los contrasta con otras fuentes. Pero lo hace sin advertir que esa base -como ha ocurrido siempre- es apenas el punto de partida de un proceso técnico que demanda más de cien reglas de validación, depuraciones sucesivas y mesas de retroalimentación con las EPS, todo ello necesario para alcanzar un dato confiable. Ese ciclo, que históricamente ha permitido corregir inconsistencias propias del tamaño, la heterogeneidad y la complejidad del sistema, no se relaciona en el mencionado informe. Como no se respeta, tampoco se detalla, y cuando se omite el proceso, la conclusión deja de ser verdad y se convierte en insinuación.

La metodología de cálculo de la UPC nunca ha sido la suma mecánica de lo que se reporta. Mucho menos en los años de este siglo que se ha ido robusteciendo. La prima actuarial venía siendo la consecuencia de un análisis riguroso: limpieza de registros, cruces de consistencia, ajustes por precios regulados, depuración de hallazgos atípicos, verificación con las EPS y una selección final de la información que verdaderamente soporta el cálculo de suficiencia de la prima. Ha sido así desde que el país adoptó un sistema basado en datos; de esta forma se evitó, por ejemplo, que la liquidación de algunas EPS afectara la estabilidad del cálculo; o se garantizó que el precio máximo regulado actuara como tope para proteger los recursos públicos. De esa forma se contuvo el ruido estadístico propio de un sistema enorme, diverso y desigual.

La pregunta entonces es otra: ¿por qué el Gobierno ha abandonado ese camino? ¿por qué toma una fotografía sin foco, sin filtros, sin procesamiento, y la presenta como diagnóstico? Es probable que la respuesta esté menos en la técnica y más en la estrategia. Porque lo que se insinúa entre líneas -y que se vuelve casi certeza- es que nuevamente el gobierno nacional prepara una decisión unilateral sobre la UPC para el 2026, amparada en esas interpretaciones sesgadas y reducida, en esencia, al aumento del IPC. Una definición que desconoce la presión real del riesgo en salud, las variaciones en servicios y tecnologías, el impacto del envejecimiento poblacional, la inflación médica y la creciente carga de enfermedad del país.

Si ese es el camino, las consecuencias serán inevitables. La iliquidez del sistema persistirá, las EPS o sus equivalentes -se llamen como se llamen- no tendrán cómo sostener la provisión integral de servicios y los prestadores acumularán deudas que comprometerán su operación. Las barreras de acceso seguirán ampliándose: más filas, más tutelas, más medicamentos no entregados, más citas aplazadas. Al final, serán los usuarios y los pacientes -los mismos que deberían ser el centro, no la excusa- quienes padecerán una vez más la improvisación y la soberbia política disfrazada de decisión técnica.

No hay que engañarse, un sistema de salud no se destruye solo con leyes fallidas; también se erosiona con la desinformación, con la manipulación de datos y con la renuncia deliberada a la verdad técnica que sostiene la confianza pública. Frente a ello, el país necesita que la información vuelva a ser un bien común, no un instrumento de presión. Requiere que la evidencia recupere su lugar y que, en el caso del sector salud, la UPC -columna vertebral de la financiación- se defina con rigor y no con cálculos políticos.

Persistir en este rumbo es condenar a millones de colombianos a un sistema cada vez más frágil. Rectificar es todavía posible, pero requiere humildad para escuchar, seriedad para analizar y compromiso para gobernar con verdad. Mientras tanto, la desinformación sigue su curso, como la niebla que nubla el horizonte y posterga la solución que el sistema necesita y que los pacientes claman desde hace ya años.