Editorial: Intimidades expuestas

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

En la vida institucional de una Nación hay hechos que, más allá del ruido mediático, revelan el talante de un gobierno. Lo ocurrido con la publicación de datos reservados por parte de la ADRES, -la entidad encargada de administrar los recursos de la salud- es uno de ellos. No se trata de un error técnico ni de una simple imprudencia digital. Es una ofensa grave a la privacidad de cientos de miles de colombianos. Una violación al habeas data, ese derecho que protege la intimidad de cada ciudadano y que, en el ámbito de la salud, adquiere un carácter reforzado por la Constitución; se puede decir que sagrado.

El artículo de Jorge Espinosa en la revista Cambio el domingo 19 de octubre, deja constancia de un hecho indiscutible: la ADRES hizo públicos, durante unos días, datos personales y clínicos de individuos fallecidos entre 2018 y 2023. Cédulas, EPS, causas de muerte, valores facturados, prestadores y diagnósticos. Miles de registros que debieron permanecer bajo reserva fueron expuestos en una plataforma digital del Estado. La información no se filtró, fue publicada oficialmente. La retiraron seguramente porque los alertaron.

Esa divulgación vulnera el núcleo del derecho al habeas data, así como la obligación legal y ética del Estado de proteger la confidencialidad de la información médica. Ninguna institución pública puede disponer de los datos de los ciudadanos como si fueran de su propiedad. Mucho menos, con fines de propaganda o manipulación política.

Es válido preguntarse: ¿puede un gobierno, con el propósito de imponer sus ideas o desacreditar a quienes no están de acuerdo con ellas, jugar con las bases de datos privadas de los ciudadanos? ¿Puede el Estado utilizar la información que los colombianos confiamos obligatoriamente a sus entidades como instrumento de combate ideológico? Si la respuesta fuese afirmativa, habríamos cruzado un umbral peligroso, en el que la intimidad deja de ser un derecho y se convierte en un insumo político.

Este episodio no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia que se repite cada vez que el Gobierno Nacional busca presionar el propósito de imponer su reforma al sistema de salud. Se lanza un escándalo mediático, se publican cifras sin sustento técnico, se manipulan datos parciales, se hacen acusaciones temerarias. Ya ocurrió cuando el propio Presidente habló de “robos billonarios” en las EPS sin presentar alguna denuncia formal ante los organismos competentes. También cuando se difundieron informes de supuestas irregularidades que nunca fueron contrastados ni verificados por organismos independientes.

El patrón es el mismo: sembrar sospechas, desatar la indignación pública, desprestigiar instituciones, atacar honras. Justificar la reforma. Luego, cuando el daño ya está hecho, guardar silencio o corregir discretamente. En este caso, además, se cruzó una línea inadmisible; la violación de datos personales y de historias clínicas.

La ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales, y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que consagra el derecho fundamental a la salud, no dejan lugar a dudas. La información médica es confidencial, su manejo exige consentimiento, y su revelación indebida acarrea sanciones disciplinarias, administrativas y penales. La ADRES, al exponer datos sensibles, incurrió en una vulneración que debe ser investigada y sancionada. No bastan las disculpas ni los comunicados de siempre, mucho menos las justificaciones infantiles. Se requiere una respuesta institucional seria, ejemplarizante. Empezando por la cabeza.

Porque lo que está en juego no es solo la confianza en una entidad, sino la fe de los ciudadanos en el Estado. Si la ADRES -que custodia los recursos financieros e información sensible del sistema- no es capaz de garantizar la reserva de los datos de los pacientes, ¿cómo podrá administrar con transparencia los billones de pesos que circulan por el sistema? Además, si el Gobierno utiliza esa información para fabricar escándalos o alimentar su narrativa política, ¿quién protegerá a los ciudadanos de la manipulación estatal?

La democracia no se construye sobre el descrédito ni sobre el abuso del poder informativo. El derecho a la intimidad no puede ser víctima colateral del afán por imponer una visión ideológica del sistema de salud. La ética pública no admite que, en nombre de la transparencia, se violen las normas más elementales de confidencialidad y respeto por las personas.

Es hora de que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo e inclusive la Fiscalía, actúen. Estas instituciones competentes deben determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Porque cuando el Estado vulnera los derechos de los ciudadanos, no basta con pedir perdón; sus funcionarios deben responder ante la ley.

Este gobierno, que prometió el cambio, está obligado a recordar que no hay transformación posible si se destruye la confianza. La salud, los datos y la honra de los colombianos no pueden ser piezas en el tablero de una disputa política. Porque allí donde el poder juega con la verdad y con la intimidad, lo que se pone en riesgo no es solo una política pública, sino la esencia misma de la democracia.