Editorial: intensiones insuficientes

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Mientras el ministro de Salud desacata el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional y mantiene desfinanciado el sistema de salud, prosigue con la implementación del Decreto 0858 mediante la resolución 1789 de 2025, que desarrolla la territorialización del sistema de salud en Colombia. Las dos normas son instrumentos que buscan traducir en acciones concretas las intenciones de gobierno, así esté demandada la legalidad del decreto. Reflejan las tensiones entre las necesidades reales del sistema y la ideología que pretende dirigirlo.

Debemos señalar que ambos textos contienen algunas intenciones acertadas. Fortalecer la atención primaria en salud como puerta de entrada y eje articulador del sistema es un propósito loable. Organizar los servicios en redes integradas podría acercar la atención al ciudadano, mejorar la continuidad del cuidado y disminuir las barreras de acceso. También es válido que se pretendan modificaciones en la responsabilidad territorial.

Sin embargo, más allá de esas intenciones, la manera como se han diseñado y reglamentado estas disposiciones genera hondas preocupaciones.

El Decreto 0858 no despeja la incertidumbre sobre la función de las aseguradoras, -las eventuales Gestoras de Salud y Vida- cuya permanencia, responsabilidades y capacidad de gestión se reducen hasta dejarlas en una posición ambigua y debilitada. Se fracciona la unidad financiera del sistema -la UPC- entre niveles de atención, corriendo el riesgo de abrir nuevas grietas de ineficiencia y descoordinación, cuando lo que el sistema requiere es precisamente mayor integración en el uso de los recursos.

La resolución 1789 sobre la territorialización del sistema de salud, por su parte, establece un esquema en el que las secretarías departamentales y municipales concentran atribuciones para definir la conformación de las redes y determinar la vinculación de los prestadores. En la práctica, se sustituye un modelo de competencia hiperregulado por uno de asignación administrativa, en el que los incentivos para la eficiencia y la innovación brillan por su ausencia. Se corre así el peligro de retroceder a un centralismo territorializado y estatizado, donde la política y los intereses locales prevalezcan sobre la técnica y las necesidades de los pacientes.

Ambos textos comparten un defecto estructural: no garantizan con claridad quién es el responsable último frente al ciudadano. Si un paciente no encuentra solución a su necesidad de salud, ¿a quién acude?, ¿quién responde? La tutela, mecanismo fundamental de protección del derecho, se queda sin un destinatario nítido. El riesgo es volver a una cadena difusa de responsabilidades que desemboca en mayor incertidumbre para los ciudadanos y en una nueva carga para los jueces.

Los estándares de calidad, además, quedan subordinados a la discrecionalidad territorial. Las IPS que no acepten las condiciones impuestas por las secretarías pueden verse excluidas de las redes, lo que amenaza la pluralidad de la oferta y la libre escogencia del usuario.

En suma, los posibles aciertos de fortalecer la atención primaria y de reconocer la dimensión territorial de la salud se ven opacados por retrocesos que comprometen la sostenibilidad financiera, la calidad de los servicios y los derechos de los pacientes. No es la territorialización en sí lo que preocupa, sino la forma como se concibe y se ejecuta: una territorialización administrativa, rígida y centralizada en manos de autoridades locales que no siempre cuentan con la capacidad técnica ni con la independencia política para garantizar un manejo transparente y eficiente de los recursos.

En lugar de disipar las dudas sobre el futuro del sistema, las multiplican. En vez de dar certezas a pacientes, prestadores y aseguradores, siembran más interrogantes. El remedio resultará peor que la enfermedad y la pretensión de transformar terminará deshaciendo lo construido.

El sistema de salud colombiano, con todas sus falencias, ha logrado avances innegables en cobertura, protección financiera y libertad de escogencia. Como hemos dicho tantas veces, no se trata de idealizar lo que se tenía, pero sí de reconocer que esos logros son conquistas ciudadanas que no deben sacrificarse en aras de experimentos ideológicos. La reforma de un derecho fundamental como la salud exige prudencia, gradualidad, responsabilidad fiscal y técnica. No basta con cambiar los nombres de las instituciones ni con redibujar mapas de competencias. Se requiere fortalecer lo que funciona, corregir lo que falla y preservar lo que protege al ciudadano.

El país merece cambios serios y responsables, que convoquen a los actores sociales y políticos, que defiendan los derechos adquiridos y que, lejos de improvisar, tracen una ruta clara y sostenible. Porque -no nos cansaremos de insistir- en materia de salud lo que está en juego no es una disputa por una ideológica ni por un modelo de gestión: lo que se arriesga son las vidas y la dignidad de millones de colombianos.