Editorial: el Decreto 0858: ¿Solución o desvío?

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

En medio de una crisis sin precedentes —financiera, institucional y de confianza— el Gobierno nacional ha expedido el Decreto 0858 de 2025, una norma que pretende reorganizar el sistema de salud, reconfigurar el aseguramiento y transformar la forma en que los ciudadanos acceden a los servicios. No se trata de una norma menor. Tampoco de un simple ajuste técnico. Es, en la práctica, un rediseño sustancial del modelo, sin trámite legislativo, en un momento de alta sensibilidad social y profunda fragilidad operativa del sistema.

Pero más allá del debate jurídico sobre su legalidad o constitucionalidad -que lo deberá resolver quien corresponde- lo que nos interpela es su utilidad real: ¿es este decreto una respuesta a la crisis o un nuevo capítulo de incertidumbre? ¿Aporta soluciones estructurales o agrava los problemas existentes? ¿Recoge las preocupaciones de la Corte Constitucional, de la Contraloría, de los pacientes y de los centros de pensamiento? ¿simplemente impone un nuevo modelo sin anclaje técnico ni consenso social?

La Corte Constitucional, en su Auto 007 de 2025, fue clara: el sistema de salud requiere un cálculo técnico y transparente del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), acceso efectivo y continuidad en los tratamientos y decisiones públicas que prioricen la garantía de derechos. Le pidió al Gobierno construir mesas técnicas serias, no tribunales de opinión ni escenarios de propaganda. El decreto, sin embargo, no da respuesta directa a esa solicitud. No corrige el cálculo de la UPC. No aclara cómo se van a garantizar los tratamientos en curso. No define criterios técnicos para el pago, ni fortalece la participación de los órganos de control en la toma de decisiones.

Por su parte, la Contraloría General de la República ha emitido alertas: las deudas acumuladas del sistema superan los 13 billones de pesos, los hospitales públicos están al borde de la insolvencia, las cuentas por pagar no encuentran responsable definido y los mecanismos de flujo de recursos están rotos. El Decreto 0858 no plantea salidas financieras concretas. No establece un plan de pago de la deuda. No refuerza la autonomía financiera de los prestadores. No introduce nuevas fuentes de financiación ni un esquema de sostenibilidad de mediano plazo. En cambio, propone una transición institucional difusa, con múltiples nuevos actores, sin reglas claras ni cronogramas precisos, lo que puede agravar el desorden financiero.

La sociedad civil, los centros de pensamiento y la academia han insistido en la necesidad de una reforma basada en la evidencia, con tiempos de implementación realistas, mecanismos de evaluación progresiva, respeto a los avances logrados y diálogo informado con todos los sectores. Lo que se ha expedido por decreto no cumple con estos principios. El diseño planteado carece de piloto, de simulación de impacto, de validación presupuestal, de articulación con los gobiernos territoriales y de análisis de carga administrativa. Se afirma que el nuevo modelo será más cercano al ciudadano, más preventivo, más humano. Pero no se hace explícito cómo se va a gestionar la demanda de más de 50 millones de personas; con qué personal, con qué red, con qué tecnología.

Para los usuarios y pacientes -que son, al final, el centro de todo sistema de salud- el decreto genera más preguntas que respuestas. ¿A dónde acudirán cuando se presente una urgencia? ¿Quién responderá por la continuidad de sus tratamientos? ¿Cómo sabrán qué servicios tienen derecho a recibir y en qué lugar? ¿Cuál será el canal para las quejas, las tutelas, los reclamos? Al desaparecer las EPS como gestoras integrales del riesgo en salud, sin una entidad clara que las reemplace con capacidades reales, se genera un vacío que amenaza con traducirse en más barreras, más fragmentación y más desprotección.

No se puede negar que el modelo actual tiene fallas. Que hubo corrupción, concentración excesiva y fallas en la supervisión. Que algunas EPS abusaron de su rol y que a la rectoría le faltó fortaleza. Pero la solución no puede ser saltar al vacío, reemplazando unas figuras por otras sin claridad funcional ni viabilidad operativa. No se puede corregir la fragmentación creando más fragmentos. Ni fortalecer la rectoría del Estado suprimiendo la articulación.

En su esencia, el Decreto 0858 expresa una voluntad de cambio que no ha sido traducida en una arquitectura coherente ni factible. Su implementación, en medio de la actual crisis, puede significar una sobrecarga adicional para el sistema, una parálisis de los servicios y un retroceso en el derecho fundamental a la salud. Las reformas deben mejorar, no confundir; deben resolver, no agravar.

Lo que se necesita hoy es serenidad institucional, responsabilidad técnica y sentido de urgencia social. Insistimos que los cambios se deben construir sobre lo que funciona, corregir lo que falla y respetar el derecho a la salud como prioridad nacional. No basta con cambiar de nombres y decretar nuevos modelos. Lo esencial es que el ciudadano no quede a la deriva.

Lo que está en juego no es una estructura administrativa, sino la salud y la vida de millones de personas.