Editorial: Desmoronamiento

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Las cifras del acceso en salud hablan con crudeza. El quinto boletín de Así Vamos en Salud muestra que la afiliación, que parecía inamovible, retrocede: 98,45% en junio de 2025, tras una caída sostenida desde 2022. La Corte Constitucional, con base también a información oficial del Ministerio de Salud, maneja otra cifra sobre la disminución del 3,5% y exigió medidas correctivas. No ha habido respuesta. La cobertura de afiliación es todavía alta, pero cada punto perdido no sólo significa un retroceso sino cientos de miles de personas en riesgo de quedar sin la protección más básica.

Al mismo tiempo, se desploman las atenciones. La consulta externa, la puerta de entrada al sistema, disminuye de manera muy drástica, al igual que los procedimientos, aunque la información oficial deja dudas. Pero vislumbra que los usuarios y pacientes se quedan sin seguimiento ni diagnóstico oportuno. A la par, la capacidad instalada se contrae: entre enero de 2024 y julio de 2025, las camas de UCI neonatal se redujeron en 7,5% y las de parto y postparto en 7,1%. Son porcentajes que se traducen en vidas vulneradas.

Paralelo a ello, el malestar ciudadano se multiplica. Entre enero y junio de este año se registraron 978.177 quejas (PQRS), un aumento del 36% frente al mismo periodo de 2024. El 93% de ellas corresponden a barreras de acceso. Las tutelas -125.819 en los primeros cinco meses de 2025, un 16,4% más que el año anterior- superan ya el récord histórico de 2019. Cada tutela es un paciente obligado a acudir a un juez para obtener lo que la Constitución le garantiza: un medicamento, un procedimiento, un tratamiento integral.

Estos números demuestran la profundización del deterioro en el acceso, cuyo seguimiento completa la quinta entrega trimestral desde este Centro de Pensamiento. Por ello lo más grave no es solo la crisis de servicios que evidencia, sino la indiferencia institucional. El Gobierno Nacional no atiende las órdenes de la Corte Constitucional ni las observaciones de la Contraloría General. En lugar de abrir un diálogo técnico y democrático, insiste en imponer por decreto lo que no logra aprobar en el Congreso. Ya mencionamos en editorial previo que el Decreto 0858 de 2025, cuestionado por su ilegalidad y hasta por su inconstitucionalidad, es muestra de esa estrategia: violentar las leyes para forzar una reforma sin consensos ni sustento.

Estamos ante un doble desmoronamiento: el del sistema de salud y el del Estado de Derecho. Porque un gobierno que además de no responder a los reclamos de usuarios y pacientes, ni a las evidencias presentadas desde la academia y los centros de pensamiento, desconoce los fallos de la Corte, desprecia las alertas de la Contraloría y busca sustituir al Congreso con decretos, pone en entredicho no solo la prestación de servicios, sino la arquitectura misma de la democracia.

¿Qué más pueden hacer las instituciones? La Corte no puede limitarse a exhortar; debe declarar el incumplimiento y aplicar medidas coercitivas para que se acaten sus decisiones. La Contraloría y la Procuraduría deben abrir investigaciones fiscales y disciplinarias ante la desatención deliberada de sus advertencias. Y el Congreso, no puede ceder a las presiones de decretos ilegales y tiene el deber de ejercer control político riguroso y debatir con profundidad la conveniencia del proyecto de ley que cursa en el Senado, en una deliberación democrática y transparente.

Pero el país no puede resignarse a la mediocridad. Urgen iniciativas inmediatas: un plan de choque para la asignación de recursos solicitados desde hace años para recuperar el acceso y la oportunidad en servicios básicos, con énfasis en la consulta externa y la atención materno-infantil, pero también para estabilizar la liquidez de los prestadores, revertir la reducción de camas críticas y fortalecer de verdad la red pública hospitalaria en regiones apartadas.

La salud de los colombianos está atrapada como rehén de la ideología y de la indiferencia. Cada cifra de deterioro es un rostro: la mujer que pierde a su hijo por falta de cama, el paciente que muere esperando un procedimiento, el adulto mayor que interpone tutela tras tutela para recibir su tratamiento. Es claro que el sistema se desmorona y quienes más sufren son los pacientes.

Hoy no basta con lamentar los retrocesos. El deber es exigir que se respete la institucionalidad, que se actúe con rigor técnico y que el paciente de verdad sea el centro del sistema. Porque el derecho a la salud no se defiende con discursos plagados de retórica, sino con acceso real, oportunidad efectiva y un Gobierno Nacional que cumpla con su obligación más elemental: cuidar la vida.