Editorial: Déjà vu

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

La reciente circular conjunta 019 de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, busca proteger a los pacientes que padecen enfermedades de alto costo, liberándolos de la carga administrativa de gestionar autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud. A primera vista, el objetivo parece loable: eliminar barreras de acceso. Pero si se observa con detenimiento, el riesgo de un retroceso institucional está latente.

La circular prohíbe expresamente que dichos pacientes intervengan en el trámite de autorizaciones, trasladando esta responsabilidad al prestador o proveedor, quien debe gestionarla ante la Entidad Responsable de Pago (ERP). Establece que en aquellos casos donde la autorización es requerida, ésta debe surtirse sin que el paciente tenga que hacer nada. Sin embargo, para que esta disposición se traduzca en un avance real, se requiere una capacidad de gestión institucional, tecnológica y contractual que hoy muchos actores del sistema no poseen.

Sin la debida preparación, esta circular puede generar exactamente lo contrario a lo que busca: más barreras, más confusión y, sobre todo, más desprotección para el paciente.

No es la primera vez que en Colombia se intenta facilitar el acceso eliminando filtros administrativos. A finales del siglo pasado, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) implementó la "libre adscripción": una política mediante la cual sus afiliados podían elegir libremente el prestador sin necesidad de autorizaciones previas. El objetivo era retener usuarios en un momento en el que nacía el nuevo sistema de salud (Ley 100 de 1993) y se abría el espectro de opciones con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El resultado fue catastrófico. Sin una infraestructura adecuada, sin control sobre la demanda y sin capacidad para auditar lo que se prestaba, el ISS perdió gobernanza sobre su red de servicios, acumuló deudas impagables con prestadores, se desfinanció rápidamente y terminó colapsando. Fue una lección dura: facilitar el acceso sin asegurar previamente la capacidad de gestión y financiación es una receta que puede conducir al fracaso.

Hoy, la circular 019 corre el mismo riesgo si no se implementa con inteligencia, gradualidad y soporte operativo. Porque liberar al usuario de la tramitología no puede significar que quede a la deriva, sin saber si su autorización fue tramitada, aprobada o negada. Menos aún si no se establecen mecanismos de seguimiento, responsabilidad y control claros entre los aseguradores y los prestadores.

Las instrucciones contenidas en la circular exigen a las entidades responsables de pago y a los prestadores de servicios de salud, que incorporen mecanismos expeditos y electrónicos para gestionar las autorizaciones. Pero poco se dice sobre cómo garantizar que eso ocurra en la práctica. No basta con prohibir la participación del usuario: es necesario garantizar que el sistema, sin su participación, siga funcionando mejor.

Además, se corre el riesgo de que algunos prestadores, sin los incentivos ni los recursos adecuados, eviten asumir esa nueva carga operativa; o que, simplemente, se generen nuevos tipos de intermediación informal. Ya hemos visto cómo, en ausencia de reglas claras y sistemas robustos, el mercado encuentra formas alternativas de operar, muchas veces en detrimento del usuario.

Esta medida, como la libre adscripción de antaño, parte de una buena intención, pero hay que evitar que conduzca a un desorden mayor. La diferencia está en que ahora existe un sistema con mayor madurez institucional, herramientas digitales y normativas más claras. Pero eso no garantiza que todos los actores del sistema estén en condiciones de implementarla de forma inmediata y eficaz.

Si las autorizaciones se demoran más, si los servicios se niegan por falta de trámites que el paciente ya no puede gestionar, o si nadie responde por las fallas del procedimiento, habremos avanzado hacia el pasado. El usuario, en vez de protegido, quedará más expuesto.

Las normas deben pensarse en función de la capacidad real de implementación. Los cambios deben ir acompañados de mecanismos de transición, formación de talento humano, adaptación tecnológica y seguimiento estricto desde la inspección, vigilancia y control. Si no se hace así, se corre el riesgo de debilitar lo que ya funciona, sin que lo nuevo esté listo para operar.

Ya sabemos que, en salud, las buenas intenciones no bastan: se necesita diseño técnico, capacidad operativa y una mirada integral que priorice al usuario, no en el discurso, sino en la realidad del servicio.

De no vigilarse bien esta medida, lejos de garantizar el derecho a la salud, podría terminar debilitándolo. En nombre de la garantía, podría imponerse un desorden. Eso no es avanzar. Es repetir errores que ya costaron caro. Es caminar, otra vez, hacia el pasado.