Editorial De la desinformación a la manipulación: una línea peligrosa
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Hace un par de meses, Así Vamos en Salud y otros, levantamos una alerta que muchos prefirieron dejar pasar: la exposición de datos íntimos y sensibles de pacientes fallecidos, utilizados en informes oficiales sin los resguardos éticos, técnicos ni jurídicos que exige un Estado social de derecho. No era un detalle menor ni un comentario retórico. Era -y sigue siendo- una cuestión de dignidad humana y de confianza pública.
Esa advertencia hoy reaparece con un preocupante significado.
El Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional no solo cuestionó la suficiencia de la UPC o el incumplimiento de órdenes estructurales largamente reiteradas. Fue más profundo; puso en tela de juicio la desinformación, el uso de informes parciales, la presentación de cifras sin trazabilidad metodológica y, sobre todo, el hecho de que tales inconsistencias no hubieran sido aclaradas por el Gobierno ni por la ADRES, pese a haber sido señaladas de manera reiterada por distintos actores.
La Corte fue clara en algo esencial; no se puede gobernar el sistema de salud con información incompleta, fragmentada o equívoca, menos aun cuando esa información se convierte en la base para decisiones que afectan la financiación, la continuidad de los servicios y, en última instancia, la vida de millones de personas.
El viernes 19 pasado, con la expedición del Auto 2061 de 2025, la Corte dio un paso adicional que no pasa desapercibido. En esta nueva providencia, la Sala Especial de Seguimiento reiteró el incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 2049, abrió formalmente la etapa probatoria del incidente de desacato y dejó un mensaje inequívoco: los informes presentados por el Ministerio no producen efectos reales e inmediatos, pues gran parte de las medidas anunciadas se proyectan hacia el futuro, sin resolver las deficiencias actuales del sistema de información ni demostrar, de manera efectiva, la suficiencia de la UPC. La Corte es explícita al señalar que no es aceptable trasladar responsabilidades a otros actores ni pretender que el control judicial supla las funciones propias del rector de la política pública en salud.
Pero el cuadro se torna más grave con un tercer elemento que hoy se suma a esta secuencia. El estudio publicado por ACEMI la semana pasada sobre el denominado informe de contraste de personas fallecidas presentado por la ADRES, evidencia que aquella información sensible no solo fue expuesta, sino que además la ADRES no se ajustó a un debido proceso para analizar los datos. Publicó los resultados sin requerir previamente a las EPS para las explicaciones, validaciones y correcciones de rigor; utilizó de manera incorrecta la metodología de contraste; expuso indebidamente los datos íntimos de personas fallecidas y realizó conclusiones distorsionadas en el análisis de medicamentos. No se trató de simples errores técnicos ni de divergencias metodológicas legítimas. Se maniobraron datos delicados, para construir un relato oficial que buscaba justificar decisiones unilaterales, algunas ya tomadas, particularmente en relación con la suficiencia de la UPC y la narrativa de corrupción estructural del sistema.
Advertencia temprana de la sociedad civil, cuestionamiento directo de la Corte Constitucional y evidencia técnica que revela malabares con la información. Lo que se señala no es casual. Configura un patrón de actuación que merece una reflexión institucional profunda y correctivos inmediatos. No estamos ante un problema de comunicaciones ni ante una diferencia ideológica. Nos encontramos frente a una forma de proceder que erosiona los fundamentos del Estado de derecho como son, la verdad, la transparencia, el respeto por la dignidad humana y la responsabilidad en el uso de la información pública.
El Gobierno Nacional y la ADRES no pueden seguir tratando estos señalamientos como asuntos secundarios. Utilizar datos incompletos, descontextualizados o manipulados -y hacerlo además con información íntima de personas fallecidas- no solo es éticamente reprochable; es institucionalmente inaceptable. Más aún cuando esos datos se convierten en el soporte de decisiones que afectan directamente a los pacientes, a los prestadores y a la sostenibilidad del sistema.
La Corte ha hablado varias veces al sector salud durante los últimos dos años, y lo ha hecho con una claridad cada vez mayor. Persistir en la ruta de evadir sus órdenes profundiza la crisis de confianza en el sistema, y sigue enredando seriamente la legitimidad de las decisiones que se adopten hacia adelante.
En medio de una crisis financiera, operativa y humanitaria, la respuesta no puede ser más opacidad y manipulación de la información, sino exactamente lo contrario: rigor técnico, transparencia absoluta y respeto por los pacientes, vivos y fallecidos. De lo contrario, no solo está en riesgo la sostenibilidad del sistema. Está en riesgo la credibilidad del Estado frente a la sociedad; y cuando esa confianza se pierde, reconstruirla es mucho más costoso que cualquier ajuste presupuestal.