Editorial: Cuando el dato se tuerce, la verdad se pierde

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

Los datos públicos son el suelo sobre el cual se construye la deliberación democrática. Por eso, manipularlos, descontextualizarlos o mostrarlos de forma sesgada, no es solo una imprecisión técnica: es una falta ética. Más aún cuando quien lo hace ocupa el cargo más alto del Estado y sus palabras tienen el poder de orientar o confundir a la opinión pública.

En días recientes, el presidente de la República publicó en sus redes unas gráficas del DANE sobre mortalidad infantil por desnutrición en menores de 5 años, que se hallan catalogadas dentro de las estadísticas vitales como “deficiencias nutricionales y anemias”. Estas estadísticas vitales no tienen los datos de los años 2018 al 2025 en el denominado “Cubo” del Sistema de Información de la Protección Social (SISPRO); justamente los años que presentó en su tuit (2017-2025). Pero bueno, la fuente es el DANE.

El presidente subrayó que las muertes por esta causa se habrían reducido en 2024 a la cifra más baja desde 2005. El mensaje implícito fue claro: el actual gobierno habría logrado ese descenso con la supuesta implementación de un modelo de salud preventivo y predictivo. Sin embargo, los datos, al ser examinados con mayor rigor y contexto, no permiten esa conclusión.

Primero, porque el descenso que muestra la serie no comienza con esta administración. En realidad, la reducción sostenida de muertes por desnutrición infantil en Colombia viene desde hace más de quince años, con oscilaciones, pero con una clara tendencia a la baja. Segundo, porque la cifra de 2024 y 2025 es provisional, no definitiva, como lo señala expresamente el DANE. Tercero, porque al aislar una sola categoría (la que numéricamente contribuye menos al total de muertes infantiles) y no contrastarla con los factores que inciden en la desnutrición ni con otras causas como las infecciones respiratorias o las enfermedades diarreicas, se pierde el panorama general y se distorsiona la comprensión del problema.

La desnutrición sigue siendo una tragedia silenciosa. Disminuir su impacto es un objetivo loable y debe reafirmarse como propósito institucional, pero no se puede banalizar ni reducir a un tuit triunfalista. Los datos muestran que las muertes de niños por desnutrición son menos numerosas que las ocasionadas por infecciones respiratorias o enfermedades diarreicas agudas. En departamentos como La Guajira, sin embargo, la situación es inversa: allí la desnutrición supera a otras causas y su impacto no se ha reducido de manera proporcional al resto del país.

Más aún, como lo documentan otras fuentes técnicas y oficiales, la mortalidad infantil en Colombia ha dejado de descender al ritmo que lo hacía una década atrás. En algunos indicadores incluso se observa un estancamiento preocupante. Mientras tanto, la inversión en salud pública y vigilancia nutricional no se ha incrementado significativamente y los mecanismos de articulación intersectorial que antes operaban con más claridad hoy se ven debilitados por la incertidumbre institucional.

No se trata de negar avances. El país ha mejorado en muchos frentes sanitarios a lo largo de los últimos veinte años. Pero apropiarse de esa tendencia histórica como si fuera un logro exclusivo de un gobierno reciente, omitiendo el carácter preliminar de los datos y el contexto técnico, es hacerle trampa a la verdad.

La desinformación, cuando proviene de altas esferas del poder, no solo genera confusión: puede poner en riesgo la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y sin ella, se erosiona la base de cualquier política pública seria. Si las cifras se convierten en un instrumento de propaganda, si se citan sin rigor, si se ocultan los matices, entonces ya no estaremos hablando de salud pública, sino de oportunismo comunicacional.

En un país como Colombia, donde la desigualdad es profunda y donde la infancia indígena y rural enfrenta desafíos estructurales de acceso al agua, a alimentos y servicios de salud, la transparencia en la información no es opcional: es un deber ético. Los datos no son trofeos ni consignas. Son herramientas para orientar decisiones, diseñar intervenciones y rendir cuentas con seriedad.

Cuando el dato se tuerce, la verdad se pierde; y con ello, la posibilidad de actuar con justicia y eficacia. Por eso, es fundamental que quienes tenemos vocación de servicio -en el gobierno, en los medios o en la academia- nos esforcemos no solo por decir la verdad, sino por proteger el ecosistema de información del que depende nuestra convivencia democrática. Porque no hay política social que funcione si se construye entre la niebla de la desinformación.