Editorial: “Como no me impongo, destruyo”

Augusto Galán Sarmiento. MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Las decisiones sobre el sistema de salud transforman la vida de las personas, lo que no admite improvisación y mucho menos indiferencia frente a sus consecuencias.

El gobierno nacional ha decidido avanzar hacia la liquidación de las EPS que hoy se encuentran en quiebra -al parecer todas las intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud desde hace cerca de cuatro años, menos la Nueva EPS-. No es un hecho menor. Estamos hablando de cerca de 13 millones de afiliados. Son rostros concretos de millones de pacientes, de familias, de historias clínicas en curso, de tratamientos que no pueden detenerse.

Las intervenciones han sido una herramienta utilizada por el Estado durante años para corregir desviaciones, recuperar entidades o, en último caso, cerrarlas de manera ordenada. Pero lo que hemos visto en este periodo reciente es distinto. Intervenciones prolongadas, sin resultados claros, sin recuperación financiera ni operativa y en muchos casos, con un deterioro progresivo de la atención. Se prometió salvar; pero en la práctica, se precipitó la agonía.

Hoy se plantea entonces la liquidación como la salida. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, la Superintendencia Nacional de Salud tiene facultades para revocar habilitaciones y ordenar cancelaciones. El problema no es esa competencia legal. El problema es doble. Por una parte, responder si se puede trasladar la población de las EPS que se liquidarían a otra que está intervenida, y de ser posible, entender si el sistema tiene la capacidad real para absorber una decisión de esta magnitud.

La primera pregunta la responde la norma al prohibir que una EPS intervenida pueda recibir afiliados de otras EPS.

Pero si esto no se reconoce, la segunda pregunta el gobierno debe contestarla con serenidad: ¿a dónde y cómo van a ir esos 13 millones de afiliados?

Porque no se trata de cambiar el hato de corral. Tampoco de apagar y prender el interruptor de la luz. Liquidar una EPS es desarmar un entramado complejo de relaciones. Contratos con clínicas y hospitales, autorizaciones en curso, tratamientos de alto costo, programas de atención a pacientes crónicos, rutas de referencia y contrarreferencia.

Se requiere que existan entidades receptoras con capacidad real -financiera, operativa, territorial-. La evidencia muestra que el sistema ya está tensionado. Las EPS que permanecen enfrentan dificultades por la desfinanciación deliberada del sistema. La red hospitalaria arrastra deudas acumuladas. El talento humano trabaja en condiciones de incertidumbre. Pretender que, en su estado actual, el sistema absorba de manera súbita el traslado masivo de afiliados, sin traumatismos graves para los pacientes, es desconocer la realidad.

Porque hay otro riesgo aún más delicado: la continuidad de la atención. Un paciente con cáncer no puede esperar. Un niño con una enfermedad huérfana no puede quedar en el limbo administrativo. Un adulto mayor con múltiples comorbilidades no puede iniciar de cero su historia clínica cada vez que le cambian de asegurador. El sistema de salud no es un sistema de trámites; es un sistema de cuidado. Y el cuidado exige continuidad.

A esto se suma un tercer elemento, muchas veces invisibilizado. El impacto financiero sobre la red de servicios. Las EPS, sujetos potenciales de liquidación, dejarán pasivos significativos con hospitales y clínicas. Si esos recursos no se reconocen o se dilatan en procesos liquidatorios largos, la consecuencia es inmediata. Iliquidez, reducción de servicios, y en casos extremos, cierre de instituciones. La crisis se profundiza, no se resuelve.

Pero quizás hay un riesgo más hondo. La liquidación masiva de EPS sin un modelo claro de reemplazo termina desdibujando el aseguramiento como eje estructural del sistema. Se rompe la gestión del riesgo en salud, se fragmenta la información, se diluye la responsabilidad por el paciente y en ese vacío, el desorden que se crea lo afecta de manera grave.

No se trata de defender lo indefendible. Es legítimo que el Estado actúe. Pero una cosa es corregir y otra cosa muy distinta es desmontar sin tener construido el camino de transición. Eso es irresponsable.

El país ya ha perdido demasiado tiempo en una confrontación estéril. Cuatro años de intervenciones sin resultados efectivos deberían ser una lección suficiente. No bastaba con intervenir; había que saber para qué se intervenía y cómo se salía de esa intervención.

Persistir en decisiones desacertadas sin rigor no es firmeza; es terquedad. El gobierno ha intentado por diversas vías erráticas imponer una reforma que no soluciona los problemas que el sistema de salud tiene. En ello ha malgastado su tiempo. No dialogó y mucho menos convenció al Congreso. Intentó con decretos violando la ley, y las Cortes demostraron que tampoco ese era el camino.

Ahora, como no pudo imponerse, está dispuesto a destruir el sistema sin importar las consecuencias para usuarios y pacientes. En salud las decisiones erradas aumentan la enfermedad y la muerte, y el gobierno nacional lo sabe.

Colombia necesita hoy más que nunca sensatez. Exige reconocer que el sistema de salud es una construcción colectiva, imperfecta, pero fundamental. Requiere entender que sus logros no pueden ponerse en riesgo por decisiones apresuradas, y que las transformaciones profundas requieren planeación, diálogo y responsabilidad. Más democracia y nada de autoritarismo.