Editorial: Coincidencias que la reforma no puede ignorar

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Dos documentos recientes, de orígenes distintos, examinan la situación financiera del sistema de salud colombiano. El informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y el análisis elaborado por Así Vamos en Salud (AVS). Aunque las instituciones que los producen pueden tener miradas distintas y responsabilidades diferentes, la evidencia y la técnica convergen hacia conclusiones semejantes, por no decir que iguales.

Ambas evaluaciones parten de lugares distintos. El primero, guardián de la sostenibilidad macrofiscal; el segundo, observador minucioso de la operación cotidiana del sistema. Sin embargo, sus conclusiones coinciden con nitidez, sobre todo cuando se contrastan con la reforma gubernamental a la salud en discusión. Esas coincidencias trazan un mensaje que el país debería escuchar con atención: la crisis financiera del sistema de salud es real, profunda y no admite respuestas improvisadas ni reformas carentes de sustento técnico y fiscal.

El CARF ratifica lo que se ha dicho sobre el deterioro estructural de las finanzas del sistema. Un gasto que crece por encima de los ingresos, un déficit acumulado que se agrava año a año y un marco fiscal que se estrecha. La senda actual es insostenible.

AVS llega al mismo diagnóstico por un camino distinto. Señala la brecha entre la UPC reconocida y la siniestralidad real, el crecimiento acelerado del gasto en medicamentos y tecnologías no financiadas, las tensiones de flujo en la ADRES, las deudas acumuladas y la fragilidad operativa de un sistema sometido a incertidumbre política y normativa.

Ambas miradas confluyen en puntos esenciales. La UPC está subestimada respecto del costo real de la atención; el gasto en tecnologías no financiadas crece sin control ni fuente definida; la ADRES no tiene un modelo de pago robusto para un sistema sin aseguramiento; las deudas acumuladas son significativas y aún no se reconocen plenamente; no existe un modelo alternativo probado que sustituya con eficiencia la gestión del riesgo. Coincidencias así, nacidas de metodologías distintas, deberían ser suficientes para orientar el debate público.

Cuando estas conclusiones se contrastan con la reforma del Gobierno, surge una tensión evidente. La reforma se propone desmontar el aseguramiento, fragmentar responsabilidades, trasladar la gestión del riesgo a entidades territoriales sin capacidad demostrada y cambiar los flujos de financiación sin precisar costos, tiempos ni fuentes.

El CARF lo expresa con el lenguaje de la responsabilidad fiscal: la reforma no cuenta con un marco financiero creíble ni con estimaciones consistentes de gasto. AVS lo expone desde la lógica operativa: desmontar la gestión del riesgo sin una alternativa diseñada, financiada y probada, implica un riesgo severo de colapso.

Ambos advierten que la reforma no responde a la causa esencial de la crisis; la brecha entre la financiación y los costos reales del sistema. Y añaden un punto decisivo; el cambio propuesto no está financiado, ni técnica ni fiscalmente.

Ni el CARF ni AVS proponen sostener el status quo. Coinciden en que el sistema tiene debilidades que exigen correcciones. Pero esas correcciones deben fortalecer la gestión del riesgo, no suprimirla. Ninguna entidad territorial ha demostrado capacidad para asumir esa responsabilidad y la evidencia internacional tampoco respalda la fragmentación de los mecanismos de financiación ni la politización de la operación. Una reforma que ignore las restricciones fiscales y debilite la capacidad técnica del sistema está destinada al fracaso.

De la lectura comparada de ambos documentos surgen principios que el país debería adoptar como guía. Reconocer la crisis financiera sin maquillajes ni relatos construidos sobre fragmentos de información. Revisar la UPC con metodologías claras, datos públicos y ciclos completos de validación. Fortalecer la ADRES en su función de pago, auditoría y gestión financiera. Mantener y mejorar la gestión del riesgo, no reemplazarla por estructuras territoriales débiles. Definir un marco fiscal verificable, público y coherente con los costos reales del sistema. Garantizar transparencia total en la información y en los supuestos de cálculo. Es la ruta mínima para evitar un deterioro mayor.

Esta coincidencia no es un accidente. Es la consecuencia de revisar con seriedad los números, las tendencias, los flujos y las capacidades reales del sistema. Su mensaje es claro; el país no puede avanzar hacia una reforma que ignore la sostenibilidad financiera y la arquitectura técnica que permite que el sistema funcione. Sin embargo, persiste el riesgo de que la política prefiera el voluntarismo al rigor.

Pequemos de reiterativos. Todavía es tiempo de corregir, de escuchar, de construir sobre evidencia y no sobre ideas. De proteger un sistema que, con todos sus retos, ha logrado avances que el país no puede darse el lujo de perder. Las realidades financieras no perdonan la improvisación.