Editorial: Aunque lo nieguen hay riesgo

Augusto Galán Sarmiento. MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

En medio de una crisis del sector salud que no ha se ha querido solucionar -financiera, operativa y humanitaria- el país tiene ante sí un nuevo capítulo: el proyecto de decreto que introduce “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque poblacional y territorial”. Los usuarios alertan. El Ministerio responde. En ese intercambio se revela nuevamente una tensión entre el discurso oficial y el efecto real de la norma propuesta, cuando hay 25 millones de colombianos en EPS intervenidas.

El Gobierno afirma que el decreto “no contempla traslados masivos ni automáticos de afiliados”. La frase es categórica y casi tranquilizadora. Pero cuando se examina el articulado, la realidad adquiere matices menos serenos. El proyecto establece la actualización del ámbito territorial de operación de las EPS, fija topes de participación por municipio y prevé una “asignación especial de afiliados” hacia las EPS que permanezcan autorizadas en cada territorio. Además, dispone que ninguna EPS receptora podrá negarse a recibirlos.

No es un traslado “indiscriminado” en el sentido literal. Pero sí es una reasignación obligatoria derivada de un rediseño territorial. Si ese rediseño excluye a varias EPS hoy presentes en muchos municipios, el resultado práctico puede ser masivo, aunque el decreto no use esa palabra.

Aciertan los usuarios. No porque hayan demostrado de manera pública la cifra exacta de los 6,6 millones de afiliados, que advierten podrían ser trasladados, sino porque han identificado correctamente el corazón operativo de la norma: la reducción de operadores por territorio y la consiguiente reasignación forzosa de afiliados, en su mayoría a una EPS intervenida. El riesgo no es retórico. Está en la arquitectura misma del proyecto.

También aciertan cuando señalan la afectación de la libre escogencia. Es cierto que en un modelo de competencia regulada el derecho no es absoluto. Pero cuando el Estado redefine unilateralmente el mapa de operación y asigna afiliados a una EPS específica sin opción previa de elección, la libertad se convierte en una expectativa diferida. El decreto permite traslados posteriores, sí. Pero el primer movimiento es impuesto por el diseño territorial.

Aciertan, sobre todo, cuando advierten el riesgo de continuidad asistencial. El proyecto establece que la asignación será efectiva desde el primer día del mes siguiente a la actualización territorial y concede cinco días calendario a las EPS receptoras para adelantar acciones preparatorias. Cinco días para asumir potencialmente miles o cientos de miles de nuevos afiliados; cinco días para integrar bases de datos, articular redes, revisar tratamientos en curso, garantizar medicamentos, coordinar autorizaciones y evitar interrupciones en oncología, diálisis, enfermedades raras o patologías crónicas complejas. En un sistema tan tensionado y con EPS intervenidas que no demuestran estabilidad operativa, el margen es estrecho y el riesgo, real.

Frente a esta arquitectura normativa, la respuesta del Ministerio resulta insuficiente. Defiende el diagnóstico -fragmentación, falta de escala, dispersión territorial- y apela a la Constitución, a la sostenibilidad y a la competencia regulada. Pero evade el punto neurálgico. No explica cuántos afiliados serían reasignados, en qué municipios, desde qué EPS hacia cuáles EPS, con qué red contratada y con qué plan detallado de transición. No presenta modelaciones públicas ni cronogramas. No ofrece esquemas de mitigación ni escenarios de reversa si la continuidad se ve comprometida.

Negar que haya “traslados masivos” mientras se crea un mecanismo obligatorio de reasignación amplia es, cuando menos, una afirmación incompleta. No es necesariamente indolencia. Es una evasiva técnica que confía en que el lenguaje suavice su efecto práctico.

Ordenar territorialmente el aseguramiento puede ser una discusión legítima. Corregir fallas de escala también lo es. Pero hacerlo en medio de una crisis humanitaria en salud exige un estándar superior de transparencia, gradualidad y garantías operativas. La legitimidad de un cambio así, no descansa solo en su propósito declarado, sino en la capacidad real de proteger a los pacientes durante la transición.

Este no es un debate sobre palabras. Es un debate sobre tiempos, capacidades y prudencia. Si el sistema hoy no ha recuperado estabilidad financiera ni confianza ciudadana, una reasignación territorial acelerada puede profundizar la incertidumbre que pretende resolver.

El país necesita cambios responsables. Pero necesita, ante todo, que la verdad normativa coincida con la realidad operativa. Cuando los usuarios alertan, no es que exageren. Simplemente leen el articulado con los ojos de quien depende del sistema de salud para vivir.

La responsabilidad estatal no consiste en negar el riesgo, sino en demostrar que puede gestionarlo. Mientras esa demostración no sea pública, detallada y verificable, la alerta seguirá siendo legítima. Y la conclusión inevitable será que el Gobierno ha optado por avanzar en una medida estructuralmente riesgosa, sin despejar plenamente las inquietudes que el propio decreto suscita.

No se trata de medir la elegancia de un comunicado. Se trata de asegurar la continuidad de los tratamientos.