Editorial: Atención Primaria en Salud: vieja conocida, base del futuro

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Hace casi medio siglo, en 1978, la Declaración de Alma-Ata propuso una idea simple y tal vez revolucionaria: la salud no se alcanza en los hospitales, sino en la comunidad; no depende solo de la ciencia, sino también de la justicia. Décadas más tarde, en Astaná 2008, el mundo reiteró esa convicción: la Atención Primaria en Salud (APS) fortalece los sistemas sostenibles, la equidad posible y el bienestar duradero.

Colombia adoptó ese horizonte, aunque a su manera. La Ley 100 de 1993 no habló explícitamente de atención primaria, pero incorporó su espíritu: acceso universal, solidaridad, continuidad del cuidado y responsabilidad por la gestión integral del riesgo.

La bolsa común de financiamiento para la expansión de la cobertura con eficiencia, la disminución de las barreras geográficas y la protección financiera, han sido conquistas de ese modelo. Sin embargo, la APS no se ha consolidado entre programas dispersos, debilidades del nivel de baja complejidad, desarticulación territorial y limitada integración con la comunidad. Las condiciones de seguridad ciudadana y la presencia débil del Estado en muchas regiones han sido condicionantes para que esto haya sucedido.

A lo largo de los años, distintos esfuerzos han intentado corregir ese rumbo. Las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), las Rutas Integrales de Atención (RIAS) y los Planes Decenales de Salud Pública han buscado devolverle protagonismo al territorio y a la prevención. Pero ha faltado continuidad, recursos y coherencia institucional. La APS, aunque se ha desarrollado, parece más una aspiración que una práctica consolidada.

En 2020, el Banco Mundial advirtió lo que muchos intuían: el sistema colombiano debe ofrecer “un paquete exhaustivo de servicios que refleja las necesidades de salud de la población, coordinado en todos los niveles de atención, con equipos multidisciplinarios y mecanismos de seguimiento poblacional”. Sus recomendaciones fueron precisas: invertir en equipos multidisciplinarios con capacidad resolutiva, usar la tecnología para gestionar poblaciones y resultados, alinear los incentivos financieros con la promoción de la salud, la integralidad de la atención y mejorar la gobernanza local. En otras palabras, profesionalizar la APS, no improvisarla. Experiencias en países semejantes a Colombia por su desarrollo, como las de Portugal, Costa Rica y Chile, demuestran que cuando la atención primaria es coherente, el sistema se fortalece.

Pese a ello, la versión de APS que hoy promueve el gobierno se aparta de esa ruta. Confunde la atención primaria con la atención básica del primer nivel; fragmenta la ruta del paciente; privilegia la infraestructura sobre el talento humano; sustituye la gestión del riesgo por el control político, y vuelve a centralizar decisiones que deberían ser técnicas y participativas. El Decreto 0858 de 2025 -lo hemos discutido en estos escritos- profundiza esa confusión. Crea una estructura territorial dependiente del ministerio, con redes y centros de atención (CAPS) aún sin claridad sobre su financiación ni articulación con el aseguramiento. En lugar de acercar el sistema a la gente, amenaza con separarlo.

Una APS moderna no puede construirse desde la nostalgia ni desde la ideología. Debe ser el punto de encuentro entre el conocimiento, la equidad y la sostenibilidad. Exige profesionales formados, tecnologías al servicio del territorio, recursos suficientes y una gobernanza compartida que respete las capacidades locales. Es una estrategia que debe estar conectada con el aseguramiento, la financiación, la intersectorialidad y la responsabilidad ciudadana.

Ese propósito demanda además una coherencia institucional que nace de la Constitución, la cual aún no hemos logrado: unir la descentralización funcional de la seguridad social en salud con la descentralización político-administrativa de la salud colectiva. Ambas deben encontrarse en el territorio, donde se concreta la vida y el cuidado. Mientras la primera organiza -mediante el aseguramiento individual- la gestión integral del riesgo y el flujo de recursos, la segunda estructura la respuesta pública y comunitaria. Solo si convergen con competencias y responsabilidades claras, podremos construir una APS real, integrada y con gobernanza efectiva; una que combine la responsabilidad individual, la autonomía local y la rectoría nacional en un mismo horizonte de salud pública.

El reto no es inventar un nuevo modelo, sino cumplir el que ya existe y que el país ha venido construyendo con esfuerzo. La verdadera APS es una manera de entender la salud como bien común y tarea compartida.

Como lo recuerda recientemente sobre APS la Comisión Lancet con el Banco Mundial, su fortalecimiento es también una estrategia de desarrollo humano: mejora la productividad, reduce la pobreza y consolida la cohesión social. Los países que han apostado por ella demuestran que la equidad no es un costo, sino una inversión. Reconocer esa visión es renovarle el futuro a la salud de Colombia.