Editorial: ajuste fiscal sin estrategia sistémica

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 
 

El decreto 0572 de 2025 si fue consultado no se concertó. Tampoco se midió. Se impuso. En nombre del recaudo, se pasó por encima de la fragilidad de sectores esenciales. Uno de ellos, el de la salud; y el impacto ya se siente.

Con este decreto, el Ministerio de Hacienda rediseña las tarifas de autorretención y retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Lo hace de forma amplia, rápida y soterrada. Cambia umbrales, agrupa actividades económicas bajo una misma fórmula y lo justifica con la bandera del recaudo eficiente. Pero esa bandera no cubre los vacíos que deja: falta análisis de impacto, no hay diferenciación por sectores y se excluyó el diálogo. Quedó solo la fórmula y el Excel.

En la práctica, lo que parece una medida técnica es un golpe contable. Se exige más recaudo, con mayor anticipación y de forma uniforme, a sectores que operan bajo condiciones disímiles. Eso tiene consecuencias. Para las pequeñas empresas, para los gremios productivos, para las organizaciones sociales. Pero sobre todo para quienes, como los operadores de servicios de salud, no pueden dejar de atender ni detener su marcha.

El sector salud carga con una crisis financiera estructural. Tiene pagos demorados y cuentas por cobrar elevadas. Su operación no admite pausas. En ese contexto, aumentar la autorretención —como lo hace el decreto 0572— no es solo una decisión fiscal; es un factor de riesgo operativo.

El decreto asigna a diversas actividades de salud tarifas del 1,10% y hasta del 3,50%. Entran clínicas, hospitales, centros de diagnóstico, servicios terapéuticos e instituciones geriátricas. Ninguna queda por fuera. Todas más expuestas.

El mensaje es claro: adelante recursos, aunque no le paguen. Ajuste su flujo, aunque esté comprometido. Cumpla con Hacienda, aunque la ADRES no cumpla y las EPS no puedan. El resultado: desequilibrio. El prestador que no logra sostener su operación recorta personal, aplaza inversiones o interrumpe servicios. Allí, donde hay pacientes en espera, eso cuesta salud. Muchas veces, cuesta vidas.

El decreto no distingue. No hay alivio para zonas rurales ni para entidades sin ánimo de lucro. Tampoco ajustes para niveles de complejidad. Todo entra en el mismo saco. La lógica es plana. Pero el sistema de salud no lo es.

Como si fuera poco, se traslada el peso del recaudo al contribuyente cumplido. Se amplía el margen de autorretención justo en los sectores que ya operan en pérdida; y se les dice que, si retienen de más, pueden pedir devolución. Como si la DIAN devolviera con agilidad. Como si la operación de una IPS pudiera esperar.

Este no es solo un decreto. Es una señal. Otra más. El gobierno nacional sigue dispuesto a ajustar sin medir consecuencias. A recaudar sin considerar impactos. A imponer sin diálogo; y en el sector salud, eso ya no sorprende. Es una constante.

Nadie desconoce su lógica técnica: agrupar actividades, reducir evasión, estabilizar el flujo fiscal. Lo preocupante es que, amparado en esa razón, se aplique sin flexibilidad, sin escucha y sin ajustes para sectores críticos.

La desconexión entre política fiscal y política social no es nueva. Pero este decreto ni siquiera intenta corregirla. No hay gradualidad. No hay evaluación. No hay excepciones. Hay un instructivo, una presión; y una urgencia fiscal que termina siendo improvisación.

Colombia necesita responsabilidad tributaria, sí. Pero también criterio y escucha. Cuando se trata de salud, necesita además sensibilidad. El decreto 0572 no la tiene. No reconoce la precariedad del sistema, ni la desigualdad territorial, ni la fragilidad institucional que atraviesa buena parte de la red pública y privada.

Este decreto pudo haber sido una oportunidad para ordenar, corregir y racionalizar. Terminó siendo una orden de recaudo anticipado sin red de protección; y como siempre, el que responde no es el que decide. Son los prestadores. Son los trabajadores de la salud. Son los pacientes.

Una medida con estos efectos necesita más que solidez jurídica: diálogo sectorial, mecanismos expeditos de devolución y atención diferenciada a servicios esenciales. De lo contrario, el remedio fiscal puede convertirse en enfermedad institucional.

Si esto no es despropósito, se le parece demasiado. Porque mientras se improvisa desde los escritorios del poder; en aseguradoras, hospitales, clínicas y centros de atención, se enfrenta la realidad. Una que no se transforma con decretos, ni con recaudos, ni con discursos. Sino con coherencia. Con responsabilidad. Con acción.