Editorial: No advierte, exige
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
La Corte Constitucional atravesó este año por el cambio de 4 magistrados, lo cual produjo el natural proceso de ajuste. En el sector salud, especialmente en este segundo semestre, se esperaba su pronunciamiento dentro del marco de las evasivas y juegos políticos del ministerio de Salud y del Gobierno que pretendían retrasar o incumplir las órdenes del máximo tribunal constitucional. Lo hizo públicamente el viernes 12 de diciembre. No es un simple llamado de atención, ni una exhortación retórica en el largo seguimiento que la Corte ha hecho al sistema de salud colombiano -en especial la sala sobre la sentencia T-760-. Es, en esencia, una decisión que cierra el espacio de la ambigüedad y reduce al mínimo la zona de confort del Ejecutivo.
El Auto 2049 no redefine el derecho fundamental a la salud; eso ya está dicho y reiterado hasta el cansancio. Su verdadero alcance está en otra parte: la Corte señala que el problema ya no es normativo, sino operativo y financiero, y que la persistencia de las fallas no obedece a vacíos legales, sino a decisiones -o indecisiones- de este Gobierno.
La pregunta que flota en el ambiente es simple: ¿qué opciones reales le quedan al ministro de Salud para seguir con su proceder indolente? La respuesta, leída con cuidado a la luz del Auto, es aún más contundente: cumplir o cumplir. No porque la Corte lo diga de forma explícita, sino porque el entramado jurídico, técnico y constitucional que establece deja muy poco margen para seguir evadiendo responsabilidades. Incumplir tampoco lo permite el dolor y el sufrimiento de usuarios y pacientes.
En ese sentido, el Auto no se limita a observar. Interpela. No pregunta qué está pasando; constata que lo que debía hacerse no se ha hecho y que las consecuencias son visibles: iliquidez estructural, deterioro del acceso, acumulación de deudas y sufrimiento evitable de pacientes y prestadores.
Los considerandos del Auto 2049 son quizá su parte más incómoda. Allí la Corte hace algo que el Ejecutivo ha evitado sistemáticamente: ordenar los hechos, contrastarlos con las obligaciones constitucionales y desmontar la narrativa de la confusión técnica.
Se reconoce que existen metodologías definidas para el cálculo y ajuste de la UPC, que hay ciclos completos que deben respetarse, que existen fuentes de información que deben integrarse y validarse, y que el sistema cuenta con reglas claras. Lo que no existe -y la Corte lo dice sin eufemismos- es una aplicación rigurosa, integral y transparente de esas reglas por parte del Gobierno.
La Corte no acepta la excusa del informe parcial, ni del dato incompleto, ni del análisis fragmentado. El problema no es la falta de instrumentos, sino su uso selectivo; y en esa selectividad, advierte el Auto, se toman -o se dejan de tomar- decisiones que afectan la suficiencia financiera del sistema y con ello, el goce efectivo del derecho a la salud.
Las conclusiones del Auto 2049 son claras y políticamente incómodas. La Corte concluye que la situación actual no es compatible con los mandatos constitucionales, que el deterioro financiero tiene efectos directos sobre el acceso y la calidad de los servicios, y que la falta de decisiones oportunas agrava una crisis que ha sido inocultable desde hace varios meses.
Pero hay una conclusión más, también relevante: el Gobierno no puede seguir amparándose en procesos en curso, reformas futuras o interpretaciones parciales para justificar su inacción. La Constitución no se suspende mientras se tramitan reformas, ni los derechos fundamentales entran en pausa mientras se redefinen modelos. En otras palabras, la Corte deja claro que no hay transición que justifique el incumplimiento, ni cambio de modelo que autorice el deterioro deliberado del sistema vigente.
Las órdenes contenidas en el Auto 2049 no son simbólicas. Son concretas, exigibles y medibles. Apuntan a que el Ministerio actúe, no a que explique. A que corrija, no a que diagnostique. A que garantice suficiencia financiera, transparencia metodológica y respeto por los ciclos técnicos definidos. Aquí se acaba el margen para la evasión creativa. La Corte no ordena “avanzar en”, ni “considerar la posibilidad de”. Ordena cumplir, con plazos, con criterios y con responsabilidades claras.
Visto en conjunto, el Auto 2049 plantea un dilema que ya no es técnico, sino político e institucional. El ministro puede intentar seguir dilatando, reinterpretando, fragmentando la información. Puede hacerlo. Pero cada paso en esa dirección lo mantiene en un desacato material, aunque formalmente intente evitarlo.
La Corte ya hizo su parte. Diagnosticó, advirtió y ahora ordena. El país -pacientes, profesionales, prestadores y ciudadanos- espera lo mismo del Gobierno: menos relato, más responsabilidad. En este punto no es el sistema el que está en juicio, es el Estado mismo. La UPC del año 2026 será el próximo paso.