Editorial: pacientes en vilo
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Continuamos con la revisión del articulado contenido en el proyecto de ley que reforma el sistema de salud aprobado en la Cámara de Representantes y al que le falta su trámite en el Senado de la República. Veamos ahora los impactos sobre los usuarios y pacientes de los cambios propuestos.
El proyecto crea y regula los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los equipos extramurales, lo cual podría mejorar el acceso en zonas rurales, dispersas o marginadas. Así mismo, plantea un modelo de atención centrado en redes integrales y una ruta de atención de urgencias, lo cual buscaría continuidad en la atención y articulación entre niveles de complejidad. Estimula la formalización laboral del talento humano en salud, lo que mejoraría la disponibilidad y estabilidad de los equipos asistenciales, que puede mejorar la calidad y oportunidad del servicio.
Sin embargo, la financiación por vía del subsidio a la oferta de los CAPS, los equipos territoriales y la red pública, fragmentará el acceso de los usuarios y pacientes a los servicios e incrementará los riesgos de inequidad e insolidaridad. Tampoco ayudará al manejo eficiente de los recursos.
La formalización laboral propuesta se queda corta porque no hay desarrollo normativo ni de incentivos para la distribución adecuada del talento humano en salud (THS) en el territorio y no se generan directrices para un proceso de formación del THS más pertinente con las necesidades del sistema de salud.
Además, la centralización de las funciones financieras en la ADRES, como pagador único, puede generar cuellos de botella y retrasos en los pagos a prestadores, si no se acompaña de capacidad operativa y tecnológica suficiente.
El nuevo modelo propuesto elimina la libre elección de asegurador y territorializa la gestión, lo cual puede afectar el acceso a los servicios de salud en zonas donde la capacidad territorial es débil. La territorialización del modelo podría profundizar las brechas entre departamentos fuertes y débiles en salud pública y en gestión administrativa.
El modelo de atención por redes integrales centradas en la Atención Primaria en Salud (APS) propuesto es insuficiente para tener en cuenta las recomendaciones de OMS/OPS, el Banco Mundial y el BID sobre la materia. Las debilidades y falencias del articulado, descritas en los párrafos anteriores, pueden entorpecer, en lugar de contribuir, el adecuado establecimiento de redes integrales e integradas de salud.
Junto a ello, las normas sobre transición carecen de cronograma detallado y de previsión de mecanismos de contingencia, lo que podría generar afectaciones en la atención a los pacientes durante la transición del modelo hacia el cambio propuesto. No hay una ruta operativa clara; los pacientes no tienen garantías para la continuidad de los tratamientos de enfermedades crónicas, oncológicas o de alto costo.
El flujo financiero depende de reformas tributarias futuras aún no aprobadas, lo que debilita la sostenibilidad y continuidad del acceso. Las nuevas fuentes (IVA social, impuestos saludables, 1% del PIB) son enunciados de buenas intenciones sin sustento claro. Dependen de reformas tributarias futuras aún no aprobadas, lo que debilita la sostenibilidad y continuidad del acceso. Esto puede llevar a un modelo con mayor cobertura legal pero menor capacidad operativa real.
De otra parte, el proyecto plantea garantizar el derecho a la salud, pero no lo asegura plenamente, porque no se garantiza un acceso inmediato durante la transición, ni se precisan medidas para la continuidad de los tratamientos, servicios, tecnologías o medicamentos que están recibiendo los pacientes en la actualidad. Además, la eliminación de las EPS y de la pluralidad del aseguramiento limitan el principio de libertad de elección y puede generar inequidades regionales por variabilidad en la capacidad territorial.
El desmonte que hace el proyecto del aseguramiento en salud no cuenta con un reemplazo maduro. La desaparición de las EPS sin un sistema de información robusto, sin redes articuladas listas ni sistemas interoperables de referencia y contrarreferencia, puede colapsar el acceso oportuno de los usuarios y pacientes a los servicios de salud. Al eliminar el responsable único por la salud de las personas se dispersan las funciones de la gestión de los riesgos financieros, operativos y de salud de la demanda de servicios de salud de las personas.
En conclusión, el proyecto de ley aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes presenta algunas promesas para mejorar el acceso y calidad en el largo plazo, pero su capacidad real de garantizar el derecho fundamental a la salud está seriamente comprometida por la regresividad en avances adquiridos que tienen ya los ciudadanos, así como por deficiencias en el diseño de transición, ausencia de cronograma y una financiación incierta, que les incrementaría las barreras de acceso a los usuarios y pacientes.